El Supremo devuelve a un juzgado de instrucción de Madrid la investigación a González por la web del Canal

El Tribunal Supremo ha devuelto a un juzgado de instrucción ordinario de Madrid, el número 49, la investigación de una querella por posibles irrgularidades en la adjudicación de la web interactiva del Canal de Isabel II en la que aparece inicialmente implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El titular del Juzgado número 49 se inhibió en favor de la Audiencia Nacional para tratar que el asunto se integrara en el caso 'Lezo' que investiga el titular Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón; si bien el instructor de la causa no aceptó esta competencia y llevó el asunto al Tribunal Supremo, que dice ahora que el tema siga investigándose en la jurisdicción ordinaria.

La investigación parte de una querella de la mercantil Take Away Internet S.L., que denuncia irregularidades en la licitación pública a la que acudió junto a otros empresas para los servicios de diseño y producción web interactiva con recorridos virtuales y audiovisuales de procesos e infraestructuras del ciclo integral del agua del Canal Isabel II.

La empresa decidió querellarse cuando en agosto de 2014 recibió un correo electrónico del Canal informándoles de que la empresa elegida para realizar la web sería otra cuya oferta era superior a la que presentó Trake Away Internet S.L. En concreto, la mercantil denunciante hizo una propuesta valorada en 259.000 euros, 39.600 euros menos que la que finalmente salió como adjudicataria, Imagen de Síntesis Digital S.L.

LA ÚNICA COINCIDENCIA ES EL NOMBRE DE GONZÁLEZ

Los magistrados del Supremo consideran, al igual que planteó la Fiscalía a la que se le dio traslado el asunto para que informase al respecto, que lo único que coincide en lo denunciado en el juzgado de Madrid y en la Audiencia Nacional es el nombre de uno de los querellados, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El auto con fecha del pasado 15 de diciembre, del que ha sido ponente el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que los hechos "no son objeto de investigación" en la Audiencia Nacional, ni "guardan por ahora conexidad delictiva".

Recuerda el alto tribunal que los delitos no conexos que hayan sido cometidos por la misma persona y "tengan analogía o relación entre sí" pueden ser enjuiciados en la misma causa si así lo pide el Ministerio Público. En este caso, la acumulación es solicitada por el juez de Madrid "y posiblemente puede suponer una dilación, por ello de momento debe continuar instruyendo el Juzgado de Instrucción de Madrid", concluye el auto.

Además, los magistrados del Supremo destacan que la querella no concreta los "comportamientos delictivos" de Ignacio González, sino que le menciona de forma "tangencial" al decir que los delitos de cohecho y malversación que atribuye al resto de querellado tenían como finalidad "mejorar la imagen y financiar la campaña publicitaria" del expresidente madrileño.

RELACIÓN CON LA TRAMA PÚNICA

La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a Imagen de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias y de marketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama 'Púnica', Eico y Madiva, para mejorar la imagen de González.

Señala que González era "conocedor de lo que estaba ocurriendo" en el Canal Isabel II, mientras que atribuye el delito de cohecho a Salvador Victoria, que presidió el Canal Isabel II después que González. También imputa la prevaricación a éste y a Miguel Ángel Casanueva y el de malversación a todos los querellados.

Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya subrayó en un auto dictado en junio de 2016 que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se realizaron traspasos de efectivo "por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".

De hecho, algunos testigos de este caso de corrupción que continúa investigando el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ya indicaron en su día que Eico y Madiva, recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa pública.