La prisión de Soto del Real rechaza conceder el tercer grado a Gerardo Díaz Ferrán

La institución penitenciaria ha rechazado la solicitud de Díaz Ferrán de poder llevar un régimen abierto de semilibertad. No obstante, esta decisión puede ser recurrida ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria.

El expresidente de la CEOE lleva en prisión desde diciembre de 2012 después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenase la detención de nueve personas en el marco de la 'operación Crucero', que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.

La Audiencia Nacional condenó al expresidente de la CEOE el 7 de julio de 2015, después de que aceptase la pena interpuesta en la primera sesión del juicio celebrada el 2 de julio. Además, se ordenó la indemnización de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados.

Además, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó esta condena por los delitos de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

Por otro lado, el expresidente de la CEOE se encuentra en el banquillo de los acusados del juicio relativo a las tarjetas 'black' de Caja Madrid, por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él cuatro años de cárcel y una multa de 81.000 euros

LA ACUMULACIÓN DE DEUDAS DEL GRUPO MARSANS

La sentencia de la Audiencia Nacional explica que el Grupo Marsans comenzó a acumular deudas y, a partir de 2009, muchos de los acreedores exigieron garantías adicionales que pasaban por que sus dueños, Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, para que avalaran personalmente estas deudas.

Para ello, en 2010 los propietarios del grupo turístico contactaron con el grupo liderado por De Cabo -- que se dedicaba de forma "continuada" a la despatrimonialización de sociedades en perjuicio de los acreedores-- para transmitirle la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal sin que éste abonara cantidad alguna.

Una vez consumada la ocultación patrimonial, De Cabo abonaría ocho millones de euros a Díaz Ferrán y a Pascual, en plazos de 100.000 euros mensuales, con lo que podían seguir viviendo ambos con "parecida opulencia a pesar de su formal insolvencia".