Sepúlveda, contrario al cambio del orden de declaración de acusados de Anticorrupción

El abogado de Sepúlveda, Alberto García, ha destacado que no ve pertinente que los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo Asins y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández sean los primeros en responder a las preguntas de las partes.

Así ha instado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta pieza de la trama 'Gürtel', a que no acepte esta solicitud ya que hay una "falta de motivación" por parte de la Fiscalía que no dio ninguna explicación para que se efectúe esta modificación. Este lunes, el abogado de Bárcenas insinuó que el cambio en el orden de declaración, que aún tiene que aceptar el tribunal, se debe a un acuerdo de conformidad alcanzado por estos tres acusados con Anticorrupción.

SU ÚLTIMA DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ FUE EN 2013

El abogado de Sepúlveda ha recalcado que su defendido declaró por última vez en 2013, durante la fase de instrucción, y, por tanto, no ha podido solicitar nulidad alguna de los delitos que se le imputaban con anterioridad. En este sentido, ha solicitado a la Sala que se reconozca como prescritos "en su totalidad" los delitos de falsedad continuidad de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación de caudales públicos.

Como han hecho ya la mayoría de los acusados, Sepúlveda se ha adherido a las cuestiones previas del resto de acusados y, en concreto, a las presentadas por el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, que pidió la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por el exmagistrado Baltasar Garzón y de las grabaciones del denunciante José Luis Peñas, que destapó la trama.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Sepúlveda 15 años y 4 meses de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuidad de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.