El Senado pide al Gobierno que aclare el Plan de Cooperación y que incluya garantías contra las malas prácticas

"Dentro del Plan Director se debe solicitar a todas aquellas entidades que reciben subvenciones públicas en materia de cooperación que reafirmen sus compromisos de transparencia y buen gobierno y consoliden los mecanismos más adecuados para la prevención de malas prácticas", dice una de las seis resoluciones aprobadas, presentada por el Grupo Popular y aprobada solo con los votos de éste.

El debate del V Plan de Cooperación en el Congreso y el Senado se ha producido pocos días después de que en Reino Unido se desvelase que empleados de la filial británica de Oxfam habían tenido conductas sexuales inapropiadas en Haití, tras el terremoto de 2010.

Las resoluciones, que no son vinculantes, se han votado después de que el secretario de Estado de Cooperación, Fernando García Casas, presentase en las dos Cámaras un plan que no ha gustado ni a la oposición ni al sector, que lamenta que no incluya detalles presupuestarios y lo considera falto de ambición. De hecho, el Consejo de Cooperación aprobó el dictamen sobre el plan solo gracias al voto de calidad del secretario de Estado.

Además de las propuestas del PP, en la Comisión del Senado se ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución de ERC que sostiene que el Plan "carece de desarrollo y concreción en algunos aspectos estratégicos y operativos" y por eso pide aclarar metas y líneas de acción y establecer guías para el trabajo operativo, incluso profundizar en la especialización y 'sectorización' de la ayuda.

El resto de las resoluciones aprobadas, presentadas por el PP, apuestan por iniciar los trámites para la reforma pendiente de la Agencia Española de Cooperación (AECID) y para la gestión del Fondo de Promoción al Desarrollo (FONPRODE) para mejorar su capacidad técnica.

Además, piden crear una nueva línea de actuación para contribuir a la preparación y respuesta a las emergencias alimentarias y reafirmar el compromiso de destinar los recursos destinados a cooperación al desarrollo para alcanzar el 0,7 por ciento del PIB en 2030.

Por último, señalan que, puesto que la Agenda 2030 exige líneas políticas transversales, debe intensificarse la cooperación entre ministerios y administraciones e implicar a la sociedad civil.