La alcaldesa Sant Cugat (PDeCAT) estudia medidas contra CDC por el caso Palau y el pago de una comisión

Conesa ha afirmado que "se está mirando qué oportunidades legales hay para dar un paso de estas características", aunque ha matizado que no sería sólo contra la formación política, sino también contra las personas que se han lucrado aprovechándose de la buena fe y de los que han querido trabajar con la máxima transparencia.

La alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona ha puntualizado que el juez en la sentencia sostiene que la adjudicación fue correcta, y ha añadido que "ningún técnico ni ningún trabajador público han sido citados a la causa".

Asimismo, ha subrayado que siempre ha dado explicaciones, después que la oposición en bloque así se lo haya requerido, tras la publicación del dictamen, recordando que en 2010 se celebró una comisión especial en el consistorio.

Ha recordado que entregó toda la documentación en la comisión celebrada en el Parlament, que en 2017 se convocó un pleno extraordinario y que este lunes, cuando se celebra el plenario de enero, volverá a comparecer, ha avanzado.

Por esta razón ha valorado que "Sant Cugat es víctima del caso Palau" y ha cargado contra los partidos de la oposición, precisando que están cuestionando no su tarea al frente del Ayuntamiento, sino el trabajo de técnicos y trabajadores municipales, y ha recordado que ostentó cargos en CDC a partir de 2013, después de los hechos investigados.

En este sentido, ha dicho que la administración local "nunca ha aprobado una construcción si no ha contado con el visto bueno de los jefes de servicio y los técnicos".

AUDITORÍA EXTERNA

En el pleno de marzo de 2017 se dio luz verde a contratar una auditoría externa para revisar la concesión de obras a Ferrovial desde 1997.

Conesa ha explicado que se espera que en 15 días esté adjudicada y ha justificado este casi año porque a la oposición les ha costado definir "qué contenido incluir" y ha aventurado que en 2018 haya resultados.