Sáenz de Santamaría comunica a la CSIF que protegerán a los funcionarios en Cataluña si reciben órdenes ilegales

La Central Sindical y la vicepresidenta han valorado la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la necesidad de preservar la labor y profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha conocido de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones. El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

Por último, el CSIF informa en un comunicado que en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, recomienda que el trabajador aplique su derecho a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, el sindicato recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales si se estima que se puede incurrir en una situación ilícita, desde el punto de vista penal.

A mediados de mes, el sindicato mantendrá también un encuentro con el Delegado del Gobierno en Barcelona para analizar la situación.

RESPUESTA A LLACH

El sindicato más representativo en las administraciones públicas, y que cuenta con presencia en el sector privado, respondió hace unas semanas a la declaración del diputado de JxSí, Lluis Llach, que instó a sancionar a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad catalana.

Desde CSIF se recordó que "no es la primera vez" que Llach hace declaraciones de este tipo que crean "alarma social" y tachó de "bravuconada" la declaración. "Creemos que este tipo de amenazas son del todo inapropiadas y crean alarma social en el colectivo de la administración pública y en la población catalana en general", señaló en un comunicado.

El Parlament catalán impulsa a través de JxSí y la CUP las conocidas como tres leyes de 'desconexión', una de las cuales --la de transitoriedad jurídica-- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.