Rechazan la recusación de la jueza que investiga la adjudicación irregular de viviendas públicas en Ceuta

La jueza podrá seguir dirigiendo las diligencias abiertas hace casi dos años al entender el instructor del expediente, el presidente de la Sección VI de la Audiencia, contra cuya resolución no cabe recurso, que "no existe otra alternativa que la inadmisión a trámite de la recusación", que se basaba en la existencia de una relación personal entre la magistrada y un policía implicado en las investigaciones y en una supuesta "autoatribución" de la causa.

El auto de inadmisión, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, explica que el escrito de recusación llegó "sin la firma del propio recusante" y "fuera del plazo establecido en los artículos 107.1 y 223.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Para la Audiencia Provincial, las circunstancias personales de la jueza "eran perfectamente conocidas por las partes recusante y adherente, partiendo de que, tal como la propia promotora del incidente reconoce en su escrito, y confirma en su informe la propia magistrada recusada, era pública la relación de hecho asimilable al vínculo matrimonial que la misma venía manteniendo con el inspector jefe encargado de parte de la investigación de las diligencias previas en cuestión".

La resolución concluye que el momento "mínimo" para empezar a contar el plazo establecido de diez días hábiles para plantear una recusación sería "el levantamiento del secreto de las actuaciones,", que tuvo lugar el 14 de abril de 2017", cuando la defensa pudo "haber comprobado la existencia de la firma de la magistrada recusada en el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción nº 2, que es el otro de los presupuestos fácticos de la pretensión".

El ex diputado autonómico del PP Antonio López, exviceconsejero del Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) y exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) permanece en prisión provisional desde que fue detenido en Marbella el 14 de febrero. Encarcelados continúan también en el marco de la misma investigación otras tres personas, sus presuntos 'conseguidores' de 'clientes' dispuestos supuestamente a pagar para asegurar la adjudicación de VPO en la ciudad.

Las diligencias suman como investigados por distintos supuestos delitos a otro medio centenar de personas, entre ellas dos exconsejeras del Gobierno ceutí que dimitieron pocos días después de ser detenidas y puestas en libertad con cargos (Susana Román y Rabea Mohamed); el líder del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Coalición Caballas); y el ex secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao.