Rajoy tiene todo preparado contra las leyes de ruptura, incluida la sindicatura electoral, que arriesga delito penal

Según fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press estaría incluso preparada la actuación contra la sindicatura electoral, el órgano de cinco miembros que haría las funciones de la Junta Electoral Central y que se arriesga a incurrir en delito penal por desobediencia, usurpación de funciones e incluso coacciones.

La Generalitat ha ido retrasando la aprobación de estas leyes por temor a las repercusiones judiciales que pudiera tener tanto para la presidenta del Parlamento catalán como para los miembros de la Mesa de la Cámara legislativa regional que lo apoyaran y también para el propio presidente del Ejecutivo, Carles Puigdemont.

Sin embargo, y dado que sólo faltan 25 días de la fecha anunciada para el referéndum de independencia es previsible que las leyes de ruptura se puedan aprobar en los próximos días. Mañana hay convocado un pleno ordinario en el Parlamento catalán y Junts pel Sí y la CUP han solicitado la celebración de uno extraordinario el próximo viernes argumentando que es para la "valoración de la acción política de gobierno actual y previsiones".

Según fuentes del Gobierno central, se han escrutado todos los escenarios posibles que pueden utilizar los independentistas catalanes para sacar adelante estas normas y se aplicará en cada caso la que convenga.

Pero tanto si eligen una tramitación parlamentaria como si optan por aprobarlo mediante decreto del Ejecutivo catalán, el Gobierno central lo impugnará ante el Tribunal Constitucional. En el primer caso, el Gobierno de Mariano Rajoy presentaría un incidente de ejecución de sentencia, y en si las leyes de ruptura se aprueban por decreto, se presentaría un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, previo informe del Consejo de Estado.

SUSPENSION CAUTELAR INMEDIATA E INCLUSO RETROACTIVA

En ambos casos, la suspensión cautelar de la norma por parte del Tribunal Constitucional sería inmediata, incluso retroactiva para las partes al momento en que el Gobierno de Rajoy presentara el recurso. Aunque en el caso de que la suspensión se pudiera aplicar a terceros implicados, esta suspensión cautelar sólo tendría efecto en el momento en que se publique en el BOE, según explicaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por ello, las fuentes consultadas señalan la importancia de que el Gobierno presente el recurso lo antes posible, para que las leyes de ruptura estén en vigor el menor tiempo posible.

Fuentes consultadas por Europa Press destacan que, entre otras, hay una diferencia fundamental en esta ocasión con relación a la consulta que se celebró el 9 de noviembre de 2014 y es la creación que prevé la Ley de referéndum de una administración electoral, encabezada por la Sindicatura Electoral, como el equivalente de la Junta Electoral Central.

En el artículo 16 de esa Ley se prevé la creación de una Sindicatura electoral para Cataluña, las sindicaturas electorales de demarcación y las secciones y mesas electorales.

La primera de ellas se configura como un órgano independiente, imparcial y permanente que se adscribe al Parlamento de Cataluña, estaría compuesta por 5 miembros elegidos y tendría como función garantizar la transparencia del proceso electoral y el ejercicio efectivo de los derechos electorales, según el proyecto de ley electoral registrado en julio en la Cámara catalana.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el papel que pueden asumir los integrantes de esa Sindicatura Electoral es muy arriesgado ya que podrían incurrir en delitos penales como la usurpación de funciones públicas, además del delito de desobediencia e incluso se podrían llegar a considerar delitos de coacciones, ya que además tienen la jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervienen en el referéndum y para corregir las actuaciones que contravengan la normativa por la que se rija el 1-O.

El Gobierno de Mariano Rajoy confía en que los recursos que presenten en el Tribunal Constitucional y la suspensiones de las normas que éste lleve a cabo, así como los apercibimientos personales que realice, sean suficientes para frenar el referéndum.

Pero el Ejecutivo no ha querido desvelar qué medidas concretas adoptarán si esto no es suficiente para evitar que el 1 de octubre haya urnas en Cataluña. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que es quien pilota la respuesta judicial frente al desafío soberanista, aseguraba ayer que no le iba a desvelar a Puigdemont cómo impedirá que ponga las urnas.