Rajoy y los presidentes autonómicos retoman el diálogo multilateral y los grandes pactos sin Puigdemont ni Urkullu

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, recuperan el próximo martes en el Senado el diálogo multilateral y los grandes acuerdos entre administraciones en la sexta edición de la Conferencia de Presidentes, de la que se han descolgado los presidentes del País Vasco y Cataluña, Iñigo Urkullu y Carles Puigdemont.

El encuentro, a cuyo comienzo acudirá el Rey para saludar a los presidentes, servirá para firmar diez acuerdos sobre distintos asuntos y entre los que destaca el compromiso para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica y local, pero que incluye también el problema demográfico del país, la unidad de mercado, la educación o la necesidad de contratar nuevos funcionarios para los servicios esenciales.

La cita repetirá el esquema de ediciones anteriores pero con una relevante diferencia, la falta de dos de los convocados, a los que el Gobierno ha mantenido la invitación hasta el final y ha ido informando de todos los trabajos previos a la Conferencia.

Urkullu y Puigdemont reivindican una relación bilateral con el Gobierno y mantienen su intención de no acudir a un foro compartido con otras administraciones; en el caso catalán, pesa también el enfrentamiento por la convocatoria de un referéndum de independencia. Será la primera vez que ambos gobiernos se ausenten de una Conferencia de Presidentes y dejen dos huecos en la mesa y en la 'foto de familia'.

FINANCIACIÓN Y DEPENDENCIA

Con o sin ellos, los presidentes van a aprobar diez acuerdos, uno de ellos sobre el propio funcionamiento de la Conferencia: se reunirá una vez al año.

El asunto más importante es la financiación territorial, el "nuevo" sistema que se quiere diseñar para sustituir al que ha estado vigente desde 2009 y que debió ser reformado en 2014. El borrador de acuerdo preparado para la Conferencia señala que en un mes habrá una comisión de expertos para trabar una propuesta, que fuentes de Hacienda creen que podría estar lista antes de verano.

Esas conclusiones serán llevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación y después, se tendrán que traducir en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades (LOFCA), que será enviado al Congreso. La norma requerirá para su aprobación mayoría absoluta, lo que obligará al PP a negociar con otras formaciones.

A petición de las autonomías, el documento preparado para la Conferencia recoge que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta el coste de la dependencia, porque muchas regiones se quejan de que pagan más del 50% que les corresponde asumir (el otro 50% es del Estado). El Gobierno admite que se estudie este capítulo, pero también otros que cofinancia el Estado como las políticas de discapacidad o de vivienda, sin excluir ninguno.

EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO

El Gobierno se va a comprometer también a elaborar en 2017 con las comunidades autónomas una estrategia nacional contra el envejecimiento, la despoblación que sufren muchos territorios y los efectos también de la población flotante, según el borrador de otro de los acuerdos que se preparan para la Conferencia, a los que ha tenido acceso Europa Press.

En este documento han trabajado especialmente Castilla y León, Aragón y Galicia, especialmente afectadas por este problema, pero cuenta también con la aportación de las Islas Baleares como una de las comunidades que sufre el problema contrario: la masificación en momentos puntuales por el turismo.

La solución, se dice en el borrador, requiere una estrategia nacional con medidas de apoyo a las familias, los jóvenes, integración de la inmigración y desarrollo del mundo rural.

FUNCIONARIOS

También firmarán los presidentes otro asunto relevante para varias comunidades, especialmente por ejemplo para Castilla-La Mancha: cómo recuperar la reposición de los funcionarios que se jubilan y cuyos huecos no se han podido cubrir en los años de crisis económica, salvo en servicios básicos.

En el borrador preparado se asegura que se quiere reforzar las plantillas públicas y que se analizarán las necesidades de cada comunidad, sin más preciones. El objetivo es "el fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada administración".

Este acuerdo recoge también la garantía de que se trabajará "leal y conjuntamente" con el fin de potenciar la movilidad geográfica y funcional de los funcionarios entre administraciones.

COOPERACIÓN

La Conferencia aprobará también un acuerdo para que las CCAA participen en el debate educativo, aportando propuestas en la Comisión General de Comunidades del Senado, que celebrará un debate monográfico sobre esta cuestión.

Además, se acordará la creación de una tarjeta social que recoja las ayudas que recibe cada ciudadano de todas las administraciones y sea "llave" para acceder al Registro de Prestaciones Sociales Públicas. En el plazo de tres meses se creará un grupo de trabajo.

También se ha pactado un acuerdo sobre el bono eléctrico y otro recogerá el compromiso de que las autonomías participen en los asuntos de la Unión Europea y en las tomas de decisiones, muchas de las cuales les afectan; además, se acordará la creación de una comisión de protección civil en la que todas las administraciones se coordinen y aporten medios para afrontar emergencias.

A petición de las autonomías, se ha incluido un décimen acuerdo sobre el empleo, que incluye un compromiso de modernización de los servicios públicos de empleo, el fomento de la FP y de las políticas para los jóvenes, entre otros aspectos.