Rajoy urge al TC a no limitarse a una "mera declaración de nulidad" y adoptar medidas para evitar el proceso de secesión

El incidente de ejecución de sentencia presentado este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra los acuerdos que han permitido la tramitación en el Parlamento de Cataluña de la ley de referéndum insta al Tribunal Constitucional (TC) a no limitarse a una "mera declaración de nulidad" de los actos impugnados y a acompañar esta decisión de "todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña".

El escrito de 34 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, concreta esta petición en la reclamación de responsabilidades penales para la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa que este miércoles votaron a favor de la admisión a trámite por incumplir la sentencia en la que el propio TC anuló en diciembre de 2015 la resolución independentista y prohibió todos los actos dirigidos a cumplirla.

El recurso elaborado por la Abogacía del Estado argumenta que "para salvaguardar la autoridad del Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho "se hace preciso que se explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos aquí impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el tribunal, y que los instrumentos no puedan ponerse en marcha".

URGE A RESOLVER "LO ANTES POSIBLE"

Además, y "dada la extrema relevancia constitucional del caso", el Gobierno urge al TC para que se pronuncie "lo antes posible" sobre el incidente que se promueve. Suplica que los magistrados admitan a trámite esta petición de forma "preferente y urgente".

El documento ha llegado al TC pasadas las cuatro de la tarde de este miércoles, si bien los magistrados habían concluido el Pleno dos horas antes y no volverán a reunirse hasta mañana. Será entonces cuando decidan si empiezan a deliberar sobre este asunto, han informado fuentes del tribunal de garantías.

El recurso recuerda que la desobediencia a la sentencia de 2015 que prohibió cualquier acto tendente a seguir adelante con los planes de ruptura con España no es nueva. Así, hace mención a tres diferentes autos en los que el Constitucional ha anulado actos del Parlamento catalán y la Generalitat en julio y octubre de 2016 y en febrero de este año.

Entre estas desobediencias figuran la ratificación del informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, la resolución sobre orientación política general aprobada el pasado mes de octubre y la partida de los Presupuestos para 2017 que incluían una serie de partidas destinadas a financiar un eventual referéndum de autodeterminación.

"EXTRAMUROS DE LA CONSTITUCIÓN"

Sobre el fondo de la cuestión, el escrito advierte que de no anularse los acuerdos impugnados, "ello permitiría el debate y votación de una proposición de ley del Referéndum de Autodeterminación, lo que supondría de forma palmaria y manifiesta la asunción de una función constituyente por parte del Parlamento catalán, extramuros de la Constitución y de los procedimientos de reforma en ella regulados".

Lo que se ha acordado, según el Gobierno, son los "primeros actos" que permiten la ejecución por el Parlamento de Cataluña del "verdadero plan para intentar la secesión del resto de España, en el que se concretan fases y decisiones. Por ello, insiste en que las resoluciones impugnadas van encaminadas a la "voluntad decidida" de culminar un proceso constituyente unilateral e inconstitucional" que deben ser anuladas.

En cuanto a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa que han votado a favor de la tramitación, se pide al TC que deduzca testimonio y remita a Fiscalía su actuación porque "han incumplido, con pleno conocimiento, las advertencias previstas en resoluciones anteriores del tribunal de garantías "y la orden en ellos contenida.

EL INCUMPLIMIENTO NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Subrayan que dichas órdenes que se dirigieron a "los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento", bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos enunciados.

Frente a dichas obligaciones, recuerdan los Servicios Jurídicos del Estado, "no puede servir de excusa ni la autonomía parlamentaria, ni la libertad de expresión", ya que el mandato del Tribunal "era claro, directo y tajante" y ha sido expresado no una sola vez, sino en varias ocasiones.

En el caso de Forcadell la responsabilidad es mayor según el gobierno, ya que al incumplimiento de las resoluciones del Tribunal como presidenta de la Mesa del Parlamento debe añadirse el cometido al proponer al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día del debate y votación de la proposición de Ley.