Rajoy hablará en el Congreso de la crisis en Madrid, la corrupción y el bloqueo político en Cataluña

La primera en 'abrir fuego' será la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, quien pedirá explicaciones a Rajoy por lo que considera "deterioro institucional" de la Comunidad de Madrid tras las sucesivas salidas de presidentes autonómicos del PP, la última la dimisión de Cristina Cifuentes.

"¿Qué ha hecho el presidente del Gobierno para evitar el deterioro institucional en la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace más de 20 años por su partido?", reza el enunciado de la pregunta registrada por Robles.

La dimisión de Cifuentes, cuya sustitución está pendiente de decisión, ha estado precedida por la polémica del máster concedido por la Universidad Rey Juan Carlos que está bajo investigación en la Justicia y por la difusión de un vídeo de seguridad de un supuesto hurto cometido en 2011, antes de ser nombrada delegada del Gobierno.

GONZÁLEZ, AGUIRRE Y AHORA GALLARDÓN: ¿CASOS AISLADOS?

Pero el caso de Cifuentes no es el último que afecta a presidentes autonómicos del PP en Madrid en los últimos 20 años. Su predecesor, Ignacio González, pasó por prisión provisional y está investigado en la trama Lezo y la anterior, Esperanza Aguirre, acabó dimitiendo del PP de Madrid por los escándalos que afectaban a sus colaboradores.

A todo ello se acaba de sumar que el primero de los presidentes autonómicos del PP, Alberto Ruiz Gallardón, acaba de ser citado a declarar como investigado (antes imputado) por la compra de una empresa suramericana por parte del Canal de Isabel II, origen del caso Lezo.

En la misma sesión de control al Gobierno, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tiene preparada otra pregunta para el jefe del Ejecutivo relacionada con la corrupción. "¿Sigue pensando el presidente que los casos de corrupción que afectan a su partido deben considerarse casos aislados?", consta en el escrito.

De su lado, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechará para pedirle cuentas por no haber recurrido la decisión de la Mesa del Parlament de permitir delegar su voto a los diputados "prófugos" de la Justicia, el expresident Carles Puigdemont y más recientemente el exconseller de ERC Toni Comín.

OTRO RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL

Desde el Ejecutivo vienen argumentando que las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno de la Cámara catalana deben ser, en su caso, recurridas por los grupos parlamentarios ya que son sus miembros los que podrían verse afectados por las mismas, mientras que, en principio, el Gobierno debe reservarse para impugnar normas legislativas.

Entre ellas, la modificación de la Ley de Presidencia aprobada el pasado viernes por los independentistas, con la que pretenden investir a distancia a Carles Puigdemont. No obstante, el Gobierno ya ha iniciado los trámites para recurrir esta reforma ante el Tribunal Constitucional.