El juez de la Púnica tomará declaración el próximo lunes al presunto cerebro de la trama David Marjaliza

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración el próximo lunes 30 de octubre al empresario y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, en relación con los contratos que diferentes municipios de la Comunidad de Madrid firmaron con la multinacional francesa Cofely, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Se trata de la primera declaración que el exsocio de Francisco Granados presta en situación de libertad -decretada en diciembre de 2015 bajo pago de fianza de 100,000 euros-- y ante el nuevo juez instructor Manuel García Castellón en sustitución del magistrado Eloy Velasco, que comenzó investigando la trama.

Según las citadas fuentes, el cerebro de la trama sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño acudirá por sexta vez a las dependencias judiciales para responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de los letrados de las partes sobre las actividades de esta empresa energética que se instruye en una pieza separada.

La trama comenzó a investigarse en 2014 a raíz de una denuncia de Anticorrupción y sitúa a Cofely en el epicentro de las actividades presuntamente ilícitas de los acusados. En concreto, la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa gala entre 2013 y 2014 tres contratos por 3,5 millones de euros para la gestión energética de residencias de ancianos en municipios como Arganda del Rey o para la contratación de servicios de mantenimiento integral de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados en Energía Materiales.

La investigación permitió conocer que algunos consistorios madrileños como Móstoles, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos Moraleja de Enmedio o Parla habrían amañado contratos para que resultara adjudicataria esta empresa, a la que consideró como pieza clave de este entramado.

PETICIÓN DE FRANCISCO GRANADOS

En sus declaraciones en calidad de investigado, el empresario detalló los pormenores del funcionamiento de la trama y dijo que su manera de actuar consistía en ofrecer a los alcaldes o a las personas de confianza que designaran ellos, las "bondades" de contratar con Cofely. También explicó que las comisiones las cobraba en diferentes sitios como los consistorios; también en comidas o incluso "tomando copas".

El juez García Castellón también tiene pendiente pronunciarse sobre la petición hecha por el principal acusado y exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, acerca de que cite a declarar en calidad de investigados a más de una decena de altos cargos de la formación popular entre ellos la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y la actual mandataria regional, Cristina Cifuentes, por su presunta implicación en la trama.