Los Pujol desvelaron el patrimonio en el extranjero a su asesor fiscal tan sólo 18 días antes de hacerlo público

El que fuera asesor fiscal del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su hijo primogénito Jordi Pujol Ferrusola, Joan Anton Sánchez Carreter, reconoció el pasado 4 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que él no tuvo conocimiento de la existencia de un patrimonio del clan en el extranjero hasta que fue convocado a una reunión con los abogados de la familia el 7 de julio de 2014, apenas 18 días antes de que el exmandatario reconociera la existencia de este patrimonio oculto mediante un comunicado público.

Sánchez Carreter, quien ya había declarado en esta causa en noviembre de 2014, llevaba los asuntos fiscales y relativos a las sociedades de los matrimonios Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola y el que formaban entonces Jordi hijo y Mercé Gironés. Fue convocado a la reunión por los abogados Javier Melero y Albert Carrillo y en el despacho se encontraban miembros de la familia aunque no recuerda quiénes, contestando tan sólo con un "podría" a la presencia en dicho lugar de Marta Ferrusola

"Se me convocó como experto para ver qué debía hacerse con unos bienes en el extranjero que no habían sido declarados, fue una reunión de trabajo", apuntó el asesor a preguntas de la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, según se desprende de los audios de la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press. La consecuencia de dicho encuentro fue la presentación de cinco declaraciones complementarias una semana después.

Lo que sí dijo recordar Sánchez Carreter de la citada reunión es que entre los poseedores de cuentas en Andorra no se encontraba el expresidente de la Generalitat ni tampoco su hijo Oriol, dedicado a la política, que la había tenido con anterioridad. Sí recuerda haber colaborado en la preparación de la declaración complementaria de Marta Ferrusola.

Los trámites fiscales se realizaron, según el asesor, con la documentación aportada a la Inspección de Hacienda por las entidades andorranas. Se trataba de certificados de Andbank sobre saldos de las cuentas en el año 2010 - con anterioridad la responsabilidad fiscal habría prescrito- y también datos aportados por la Banca Privada de Andorra (BPA) posteriores a ese año, que fue en el que los Pujol fueron invitados a abandonar los servicios del primero de estos bancos.