Puigdemont presentará demandas "cada mes" en organismos internacionales hasta que el Gobierno acepte negociar

"Seguiremos presentando demandas con argumentos sólidos reales a la comunidad internacional y a sus mecanismos legales cada mes hasta que el Gobierno de Madrid sea persuadido finalmente para entrar en negociaciones reales con los líderes del movimiento independentista catalán", ha afirmado el abogado británico Ben Emmerson, que representa a Puigdemont en la denuncia presentada este jueves ante Naciones Unidas.

El abogado, especialista en derecho internacional y derechos humanos, ha presentado los detalles de la demanda que el expresidente de la Generalitat ha presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Emmerson ha señalado que esta demanda y la otra por el encarcelamiento al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas por los cuatro presos son "sólo el principio", al mismo tiempo que ha apuntado que "el tercer paso importante" llegará durante este mes, aunque ha evitado aportar detalles sobre el mismo.

El abogado también ha explicado que existen dos "precondiciones" antes de iniciar las negociaciones que quieren desencadenar con esta "campaña internacional", que son la liberación "inmediata" de los Forn, Junqueras y los 'Jordis' y que el diálogo sea "real e inclusivo".

En cualquier caso, Emmerson ha detallado que el proceso por delante con respecto a la demanda presentada podría alargarse hasta dos años, aunque el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas debe decidir en alrededor de un mes si la admite a trámite.

Según el abogado, este organismo internacional emitirá un dictamen que será "vinculante" para el Estado español. En él, debe dirimir si, como argumenta la defensa de Puigdemont, España ha vulnerado derechos fundamentales del hasta este jueves candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat.

En concreto, la defensa de Puigdemont acusa a España de haber violado tres artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen el derecho a presentarse a elecciones, la libertad de asociación política y el derecho a defender ideas que "son impopulares con el Gobierno".

Además, ha asegurado que el Estado español tendrá que demostrar que las medidas adoptadas por el Gobierno eran "proporcionadas" para logar un objetivo "legítimo" y que eran "realmente necesarias en una sociedad democrática".