Primer ministro belga dice que su interlocutor es España y que Puigdemont debe responder de sus actos ante Justicia

El primer ministro belga, el liberal francófono Charles Michel, ha avisado este miércoles de que su único interlocutor en la crisis política catalana "es España" y que su Gobierno no interferirá en el proceso judicial abierto en Bélgica para decidir sobre la extradición del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, de quien ha dicho que "debe responder de sus actos" ante la Justicia.

"El señor Puigdemont es un ciudadano europeo que debe responder de sus actos, como cualquier otro ciudadano europeo, con derechos y obligaciones. Sin privilegios, ni como un 'subciudadano'", ha expresado Michel en una comparecencia ante la comisión de Interior del Parlamento belga.

"La cuestión judicial en Bélgica será tratada como un asunto judicial y no como un asunto político", ha añadido, para recalcar la separación de poderes y recordar que serán los tribunales y no el Gobierno quienes tendrán la última palabra sobre las cinco euroórdenes emitidas por la Audiencia Nacional contra Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret.

El primer ministro ha tenido que hacer frente a más de una docena de preguntas de diputados de distinto signo que le han reprochado su gestión de una situación que ha tensado las relaciones con España y que ha afectado a su propio Gobierno, cuya coalición se apoya en otros tres partidos flamencos, incluido el nacionalista flamenco N-VA, primera fuerza en las últimas elecciones.

Michel ha querido dejar claro que su Ejecutivo "no tomó ninguna iniciativa" para facilitar la llegada del expresidente catalán y de cuatro de sus exconsellers a Bruselas y ha subrayado que Puigdemont eligió este destino como "capital europea" y "en ningún caso para inmiscuirse" en la política belga.

Además, ante las polémicas declaraciones de su secretario de Estado de Inmigración, Theo Franken, abriendo la puerta a un posible asilo para el catalán en Bélgica, Michel ha zanjado la cuestión asegurando que esa cuestión no está en la agenda del Gobierno y que Puigdemont ha indicado que tampoco es su intención presentar petición alguno por el momento.

El primer ministro también ha reconocido que pidió a sus ministros "discreción" cuando supo de la "posible llegada" de Puigdemont a Bruselas, pero que no lo hizo "para la eternidad", sino hasta aclarar las razones por las que el expresidente catalán contaba con viajar a la capital belga.

"Hay una crisis política en España y no en Bélgica. La crisis se sitúa en España y no en Bélgica", ha insistido, ante las preguntas de varios diputados que le han afeado que deje el "altavoz" del Gobierno sobre esta crisis en manos de los ministros de la N-VA, entre ellos el de Interior, Jan Jambon, crítico con el Gobierno de Mariano Rajoy por la entrada en prisión de parte del exGovern.

ESPAÑA, ÚNICO INTERLOCUTOR

"No existe la menor ambigüedad, tenemos un interlocutor y es el Gobierno de Madrid, es España", ha enfatizado Michel para negar que la crisis haya fragilizado las relaciones bilaterales con España o la posición diplomática de Bélgica en el exterior.

Así ha asegurado que España y Bélgica mantienen contactos a través de "todos los canales diplomáticos, al más alto nivel", con contactos "permanentes y regulares", con el objetivo de "evitar las incomprensiones" y "malentendidos". También ha tenido contactos de "alto nivel" con autoridades europeas sobre la situación judicial que afecta a España y Bélgica, ha apuntado.

"Como primer ministros creo que no debo pronunciarme sobre decisiones judiciales en Bélgica ni en otros países de la Unión Europea", ha añadido, ante el reproche de algunos diputados de que no haya condenado el encarcelamiento de parte del exGovern como si lo hizo con las cargas policiales el 1 de octubre.

Otros intervinientes, por el contrario, le han criticado por no haber sido más vehemente en la defensa del respeto constitucional en España y que no se haya expresado con contundencia en la defensa de la unidad y soberanía de este país socio ante el desafío independentista, lo que ha convertido a Bélgica en "rehén del separatismo", en palabras de la socialista valona Julie Fernández.

ASILO MÁS FÁCIL SI SE ES CATALÁN

Entre los críticos, un diputado de los Verdes francófonos (Ecolo), Benoit Hellins, ha tachado de "incendiarias" las palabras de los ministros de la N-VA y censurado que el acto de los 200 alcaldes independentistas que arroparon a Puigdemont el martes en Bruselas se celebrara en un edificio institucional como es el Palacio de Bellas Artes (BOZAR) y fuera "orquestado" por los nacionalistas flamencos.

Además ha apuntado un "sabor amargo" en materia de asilo al constatar que "a ojos del secretario de Estado, es mejor venir de Cataluña que de Irak o Darfur para tener oportunidad de obtener asilo político en Bélgica". "Esto es simplemente insoportable", ha zanjado.

Desde la bancada de los conservadores flamencos, Vincent Van Peteghem, ha pedido "reflexión" ante un debate "emocional" como es el desafío catalán, pero ha recalcado la necesidad de "respetar la Constitución" de cada país aunque se pueda apoyar el deseo de una mayor autonomía de las regiones.

Una declaración unilateral de independencia "no se tolera en ningún país", ha dicho, y cualquier iniciativa debe desarrollarse dentro de los límites que marca la ley, para lo que ha apelado al diálogo entre Madrid y Barcelona.

A juicio de la socialista flamenca Monica de Connink la solución a la crisis en Cataluña debe ser "política" y la Unión Europea debería asumir un papel en ella, mientras que el liberal flamenco Patrick Dewael ha considerado que "se equivocan" quienes limitan la cuestión a un asunto jurídico y ha reprochado a la UE que quiera "desentenderse".