Presentan dos nuevas querellas contra 'Billy el Niño' por presuntas torturas en los 70

Según han señalado desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAQUA), estas dos querellas, coordinadas por la asociación, han sido interpuestas por Rosa María García Alarcón y Javier Navascués Chivite, denunciando delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad por parte del oficial, que "sometió de forma sistemática y generalizada a torturas a cientos de personas por el simple hecho de ejercer oposición política al régimen dictatorial".

La Coordinadora explica que Javier Navascués Chivite fue detenido en su casa en junio de 1973 junto a su mujer. En el registro de la misma encontraron un cuaderno con acuerdos llevados a cabo en reuniones de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

Una vez trasladado a la Dirección General de Seguridad "fue sometido a torturas y amenazas contra su mujer por parte de la Brigada Político Social (BPS), también retenida sin tener relación alguna con las actividades realizadas por el denunciante".

A su juicio, la BPS privaba de libertad a la mujer del detenido con el objetivo de ejercer presión sobre él. Además, extendía los efectos del miedo "que provoca la tortura sobre el núcleo familiar". Y, por último, "cosificaba a la mujer, a la que privaba de libertad sin causa alguna, con la bochornosa" connivencia de los magistrados del Tribunal de Orden Público (TOP)".

La segunda circunstancia que critican en este caso fue que se produjo una segunda detención con la finalidad de comprobar que los efectos intimidatorios de la primera persistían: "se trataba de garantizar que el hoy querellante no había reanudado la acción política". Y, en este sentido fue interrogado por Billy el Niño.

Señalan que este hombre fue puesto en libertad sin que se incoara ningún nuevo procedimiento contra él, tras agotar el plazo máximo de privación de libertad: 72 horas.

Por su parte, Rosa María García Alcón detalla fue detenida en agosto de 1975, con 18 años, tras realizar unas pintadas a favor de la libertad de los presos políticos, por policías de la Brigada Político Social y fue conducida a la Dirección General de Seguridad (DGS) situada en la Puerta del Sol.

Allí fue presuntamente torturada por varios policías, entre ellos, González Pacheco, le fue aplicada la Ley Antiterrorista, que no había sido aún aprobada y se le mantuvo 6 días incomunicada en los calabozos de la DGS. Debido al delito, la Justicia Militar se hizo cargo de ella, siendo interrogada en el despacho de Conesa.

"El Comisario Antonio González Pacheco también la paseó por Madrid al objeto de que identificara pisos francos de su organización, poniéndola una pistola en la cabeza y amenazándola que si no cooperaba sería violada, asesinada y abandonada en la Casa de Campo", ha denunciado.

"El hecho de ser mujer era una referencia permanente por parte de sus torturadores, que le dedicaban frases como: puta roja, guarra, 'que te acuestas con tu novio' o 'mira cómo le gusta enseñar las bragas'", señala CeAQUA.

Las supuestas torturas sufridas le habrían producido crisis de pánico, terrores nocturnos e ideaciones de acabar con su vida y, como consecuencia, tuvo que abandonar Madrid y la carrera de medicina que cursaba.

El informe pericial que acompaña las querellas señala como durante la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura subsiguiente, "se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista".

Desde CeAQUA esperan que a esta iniciativa "se sumen muchas más acciones tanto de otros querellantes como de los propios ayuntamientos que se comprometieron a interponer querellas criminales por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en sus municipios, entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid".

Estas dos querellas se suman a las interpuestas por Luis Suárez en junio de 2017, Ángela Gutiérrez y Felisa Echegoyen en noviembre de ese mismo año, y las de Willy Meyer y Chato Galante en enero de 2018. El juez, sin embargo, declaró prescrito los presuntos crímenes de torturas cometidos por 'Billy el Niño', entroncando de esta forma con el criterio de la Fiscalía.