Presentan en la Audiencia Nacional la primera querella por terrorismo de Estado por el conflicto de Siria

El equipo de abogados internacionales de G37 ha interpuesto ante la Audiencia Nacional la primera querella contra miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio, que denuncia la detención ilegal, tortura y ejecución de su hermano en el año 2013.

Según ha explicado el equipo responsable de la querella en una nota de prensa, ésta constituye la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las Fuerzas de seguridad del estado sirio. Su objetivo --explican-- es conseguir justicia por la desaparición forzada, detención ilegal, tortura y ejecución de miles de civiles sirios en los centros de detención ilegal del país y lograr que se enjuicien crímenes internacionales cometidos por el estado sirio liderado por el Presidente Bashar al-Assad.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas la cuestión ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción 6, que dirige Eloy Velasco.

En el escrito Despacho internacional y Guernica37 - International Justice Chambers acusa al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al-Assad, de cometer a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia, delitos de terrorismo contra la población civil.

Asegura que desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones espontáneas en el contexto de lo que se conoce como la Primavera Árabe, el estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas y con cualquier tipo de disidencia mediante la implementación de una política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.

Como consecuencia de éste, decenas de miles de civiles sirios han sido privados de su libertad y trasladados a centros de detención ilegal donde han sido torturados, hacinados y sometidos a tratos inhumanos. La querella agrega que, como resultado de la tortura y de las enfermedades ocasionadas por las terribles condiciones de detención, miles de detenidos han fallecido en estos centros y otros han sido ejecutados.

"A pesar de los constantes esfuerzos de los familiares por obtener información sobre sus seres queridos, las autoridades sirias, civiles y militares, han negado sistemáticamente toda información sobre las víctimas, creando incluso mecanismos para ocultar o distorsionar toda información", precisa el equipo jurídico en su comunicado.

'ARCHIVO CÉSAR'

Como parte de ese plan de seguridad nacional destinado a reprimir las protestas, las fuerzas de seguridad sirias empezaron a fotografiar los miles de cadáveres provenientes de estos centros de detención ilegal para generar un escrupuloso registro de la represión. Para ello, encargaron a la policía forense tomar fotografías de los cuerpos torturados y sin vida de los detenidos en varios hospitales en Damasco, donde fueron transportados desde los centros de detención, indican los abogados.

En septiembre de 2013, un policía forense encargado de supervisar el registro fotográfico, desertó de su puesto y consiguió salir de Siria, llevándose consigo mas de 50.000 fotografías. El archivo de César, alias con el que se conoce a éste compendio de imágenes, contiene fotografías de los cuerpos torturados y mutilados de más de 6,000 víctimas.

Varias de esas fotografías corresponden al cuerpo torturado y sin vida del hermano de A.H., que fue detenido ilegalmente en febrero de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad. Solo a través de las fotografías del archivo de César, la familia ha podido saber que fue torturado y ejecutado en uno de los centros de detención en Damasco.

En opinión de los querellante, A.H., de nacionalidad española, es víctima de la desaparición forzada, la tortura y la ejecución de su hermano." Los tribunales españoles, por lo tanto, ostentan jurisdicción para investigar y enjuiciar estos hechos, constitutivos de un delito de terrorismo", defienden.

La querella pone de manifiesto que éstas tácticas sistemáticas de violencia y opresión llevadas a cabo en centros de detención ilegal fueron coordinadas y ordenadas desde lo más alto de la cadena de mando política, militar y de seguridad.

Indica que el Departamento de Inteligencia Militar, el Directorio de Inteligencia Aérea, el Directorio de Seguridad Política y el Directorio de Inteligencia General, que juntos constituyen la mujabarat (servicios de inteligencia en árabe) intervinieron en el plan bajo el control del Bureau de Seguridad Nacional, que las coordina y su vez distribuye e implementa las órdenes de la Célula Central de Gestión de Crisis, la máxima institución encargada de diseñar y coordinar la respuesta a las protestas.

Según asegura una de las abogadas responsables de la querella, Almudena Bernabéu, la denuncia refleja que mucho antes del conflicto armado, en Siria hubo violencia sistemática infringida por el "Estado contra su población civil".

"Nuestra esperanza es que este primer paso permita inaugurar esfuerzos de justicia penal en diferentes jurisdicciones y con ello, esperanza para los miles de civiles sirios que siguen sufriendo las consecuencias de esta barbaridad", ha agregado.

El equipo jurídico ha interpuesto su querella al amparo del Artículo 23.4.e.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que los tribunales españoles tienen jurisdicción para investigar y en su caso enjuiciar los delitos de terrorismo --en este caso, terrorismo de estado-- cuando hay una víctima de nacionalidad española.