El juez urge a la Policía a que consiga las pruebas informáticas del presunto asesino de la viuda de la CAM

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, ha urgido a la Brigada Provincial de la Policía Científica de Valencia a dar por finalizada la prueba pericial informática del ordenador, el teléfono y la tablet, intervenidos a Miguel López, único acusado del asesinato a tiros de Mª del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, asesinada en la tarde-noche del 9 de diciembre de 2016 cuando acudió a recoger su vehículo al concesionario familiar.

En la providencia dirigida este jueves a la Brigada de Valencia, el magistrado traslada textualmente que "no se entienden las dificultades que parecen sucederse en una pericial informática de relativa sencillez, como es comprobar si en un teléfono, ordenador personal y Tablet existe información, o no, que pudiera tener relación con el delito de asesinato investigado".

De la Fuente solicitó a la Policía Científica de Valencia que remitiera al juzgado el resultado de los análisis de los soportes informáticos de Miguel López. En un oficio, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional indicaba que, debido al gran volumen de información que se encuentra en uno de los dispositivos de almacenamiento masivo, este se ha remitido al juzgado para que se haga una copia, antes de que se inicie su investigación. Además, aportó las diligencias practicadas hasta la fecha con los dispositivos informáticos.

El magistrado ha respondido ahora al comisario con un oficio de ampliación del informe del Servicio de Informática Forense de Valencia para que "se remuevan los obstáculos" que permitan finalizar el análisis.

La prueba fue solicitada en febrero de 2017, hace un año y tres meses, por el propio grupo la Policía. Desde entonces, están intervenidos todos los elementos informáticos de Miguel López. Además, el magistrado ha subrayado lo que han hecho hasta ahora --el informe entregado el 31 de noviembre de 2017--, resultó incompleto ya que el investigado había aportado sus claves de acceso.

Por último, el juez ha desestimado la petición realizada por la Brigada Policial, que en dicho oficio solicitaba una copia escrita y videográfica de las declaraciones prestadas en sede judicial para que fuera analizada por la intervención de la Sección de Análisis de la Conducta, ya que no ha sido solicitada por ésta. Contra la decisión del magistrado caben recursos de reforma durante un plazo de tres días.

SIN RESULTADOS EN EL ADN

El análisis de los equipos informáticos de Miguel López es una de las últimas pruebas periciales previstas, después de que el pasado 23 de abril se conociera el resultado negativo de las pruebas de ADN de las 45 personas --entre policías, personal sanitario y trabajadores del concesionario--, que interactuaron con la escena del crimen o estuvieron en el concesionario Novocar, lugar del asesinato a tiros de María del Carmen Martínez.

La Fiscalía solicitó esta prueba después de que la Policía no pudiera relacionar los casquillos con las armas y utensilios incautados a Miguel López, así como tras el resultado negativo de la presencia de su ADN, tanto en la vaina de bala como en la mano de la víctima, que ya se determinó que pertenecía a uno de los sanitarios que acudió a prestarle auxilio.

ENFRENTAMIENTO FAMILIAR

La principal hipótesis sobre la que ha girado la investigación ha sido el enfrentamiento en el seno de los Sala Martínez por el reparto del patrimonio familiar. Según subrayaba el juez, en la causa subsiste el móvil económico, pues existía un clima de "crispado enfrentamiento" por las decisiones adoptadas en las juntas de las sociedades Sanar Internacional y la Compañía Española de Resinas de cesar a los miembros del consejo de administración --que afectaban directamente a Miguel López y su esposa, la hija menor de los Sala--, nombrar a Vicente Sala hijo como presidente y rechazar el reparto de dividendos propuesto.

Miguel López, presunto autor del asesinato de María del Carmen Martínez fue puesto en libertad con cargos el 20 de marzo tras pagar una fianza de 150.000 euros.