Podemos admite que el "pujolismo" pudo hacer un uso "torticero" del 'procés', pero cree que el tema catalán va más allá

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre si cree que el impulso del 'procés' fue una maniobra de la familia Pujol y "máximos dirigentes" de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) para "tejer alianzas" con jueces y fiscales, según el informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía que ha sido entregado a la Audiencia Nacional, en el que también se apunta que "CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV".

Según Mayoral, "es posible que haya habido utilización torticera por parte de algunos sectores que estaban interesados en mantener esa agenda política", y también que haya habido "un intento de refundación del pujolismo en Cataluña".

LA SENTENCIA DEL TC, MOTIVO DEL PROCÉS

No obstante, a continuación ha apuntado que el inicio del 'procés' tiene que ver con "la ruptura del ordenamiento jurídico" que, a su juicio, se produjo en Cataluña cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional varios artículos del Estatuto catalán.

"Las leyes que rigen hoy en Cataluña no han sido votadas por los catalanes y eso es algo que hay que subsanar en algún momento porque no se puede mantener un ordenamiento jurídico democrático que no haya pasado por las urnas", ha explicado.

En esta línea, ha asegurado que aunque "puede haber intentos por parte de sectores del pujolismo de intentar reeditar o impulsar el neopujolismo", no tiene "duda" de que "la cuestión catalana es mucho más compleja y va mucho más allá".

"El problema catalán es un problema mucho más de fondo en el que puede haber habido algún sector que haya pretendido aprovecharse", ha enfatizado en su comparecencia, que ha ofrecido para presentar una moción consecuencia de interpelación para exigir al Gobierno que cumpla con los tratados internacionales suscritos por España y con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a garantizar el Derecho a la Vivienda.