Podemos dice que la decisión de romper el acuerdo con PSOE se ha tomado con "autonomía" en C-LM y no viene de Madrid

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha defendido que la decisión de romper el acuerdo de investidura con el PSOE se ha tomado en el seno del partido en la región con "total autonomía" y no es una orden de Podemos a nivel estatal.

"Aunque la noticia haya aparecido hoy, llevamos meses hablando de estos temas", ha señalado Molina, que ha insistido en que el pacto está "muerto". "Y ningún muerto ha resucitado", ha apostillado.

En declaraciones a Europa Press, García Molina ha puesto de relieve como aspectos más importantes para romper el acuerdo de investidura con el Gobierno regional de Emiliano García-Page la "tibieza" del Ejecutivo a la hora de contrarrestar los "recortes" del anterior Gobierno; el incumplimiento de dos de los puntos, a su juicio, más importantes de dicho pacto, como son la ausencia de un Plan de Garantía Habitacional y el no haber puesto en marcha un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Molina ha insisstido en que estos aspectos son "pilares fundamentales". "El acuerdo en cuestión no es cosa de ayer, ni de hace una semana. Hace muchos meses que estamos intentando dialogar con el PSOE para que las medidas que acordamos se lleven a cabo. Ya veníamos valorando hace tiempo esta decisión que se desencadena hoy", ha sostenido.

En esta línea, ha dicho que no solo son "graves" los incumplimientos del acuerdo de investidura, sino que también lo es que el Gobierno regional "desoiga las resoluciones aprobadas en el Parlamento, incluso a veces las que han tenido apoyo de los tres grupos parlamentarios".

Ante la "sorpresa" mostrada por el PSOE regional tras al anuncio de la ruptura, ha manifestado que si están sorprendidos es "porque no han estado atentos a lo qué estaba pasando".

SOBRE EL PACTO

Los trece puntos del pacto que Podemos da por muerto recogían aspectos como garantizar la independencia de Radio Televisión Castilla-La Mancha, limitar el número de asesores por cada uno de los grupos parlamentarios, recuperar el salario para los diputados o revisar el reparto de senadores de designación autonómica, de manera que Podemos podría optar a un representante en la Cámara Alta.

Según el anexo del acuerdo firmado entre ambos partidos, recogido por Europa Press, en el punto trece se recogía como uno de los elementos básicos garantizar la independencia de la radio televisión pública "en base a criterios de profesionalidad, pluralidad y participación de los trabajadores en los órganos de gestión y dirección", un acuerdo que debería llevarse a cabo antes de finalizar el presente año 2015 y para el que se creará una Comisión Parlamentaria no permanente de Reorganización del Ente público.

También en el punto número trece se contempla un acuerdo institucional para la "racionalización del personal administrativo y los asesores de los grupos parlamentarios en las Cortes con cargo al presupuesto del Parlamento", limitándolos a dos puestos de administración y otros dos de asesoramiento por cada uno de los grupos, una medida que tendría que adoptarse de manera "inmediata", como así fue finalmente.

UN SENADOR PARA PODEMOS

Del mismo modo, en este punto se valoraba un acuerdo institucional para revisar la actual distribución de los senadores autonómicos. Las Cortes regionales tienen la potestad de designar hasta tres miembros de la Cámara Alta --uno correspondiente a cada región y dos más por cada uno de los millones de habitantes que tiene la comunidad--.

En virtud de este compromiso, Podemos cuenta desde octubre de 2015 con una representante en el Senado, como es Virginia Felipe, tras dos votaciones muy polémicas en las Cortes castellano-manchegas.

Al margen de estos acuerdos enmarcados en lo institucional, ambos partidos se comprometieron a llegar a un pacto antes de septiembre de 2015 por el cual se garantice un salario neto, nunca superior a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, a los diputados de las Cortes, con una declaración explícita de comprometer la dedicación a sus funciones de diputado sin poderla compatibilizar con ningún otro cargo público.

AUDITORÍA ANTES DE AGOSTO Y PLAN CON 500 MILLONES

Este acuerdo recogía igualmente realizar antes de agosto de 2015 una auditoría del estado real de las cuentas de la Junta, con la publicación de los informes internos de evaluación por consejerías y provincias.

En este sentido, antes del 20 de noviembre se debería haber aprobado el proyecto de Ley de Auditoría Pública Ciudadana, normativa que creará una nueva Cámara de Cuentas, presupuestariamente dependiente de las Cortes regionales, órgano similar a la Sindicatura de Cuentas suprimido esta legislatura por el Gobierno del PP.

La puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la desigualdad social, que tendrá la implicación de ayuntamientos y diputaciones, estará recogida en los Presupuestos de 2016 con una dotación de 500 millones de euros anuales, y contemplaría "las problemáticas de la pobreza energética, infantil y económica o laboral", si bien este extremos sí que ha sido dado por cumplimentado por la formación morada.

CONTRATAR A MIL PROFESIONALES SANITARIOS

Este acuerdo reflejaba de otro lado la "recuperación del empleo público en Sanidad y Educación", de manera que se pondrá en marcha "de manera inmediata" un plan de choque de Empleo para la incorporación de mil nuevos profesionales en el sistema sanitario que estará negociado con los sindicatos para recuperar estos puestos de trabajo "de forma paulatina", extremo que sí se está llevando a cabo desde la Consejería de Sanidad.

La aprobación de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno es otro de los aspectos que se incluían en este pacto, normativa que tendría que incluir la implementación de herramientas de democracia digital incorporando las nuevas tecnologías como instrumento. Este nuevo texto normativo, en todo caso, ya ha empezado a dar sus primeros pasos.

Además, PSOE y Podemos acordaban la creación de órganos como el Observatorio Ciudadano, un órgano consultivo, que deberá crearse en 2016 y que se integrará en la Administración regional adscrito a las Cortes, con los cometidos de impulsar políticas de regeneración democrática y participación ciudadana, analizar el desarrollo de las políticas del Gobierno regional o facilitar la investigación en coordinación con la UCLM, en la línea del extinto Consejo Económico y Social.

En esta línea, se comprometían ambos partidos según este acuerdo a crear la figura del Defensor de la Ciudadanía, órgano similar al desaraparecido Defensor del Pueblo.

RESTO DE MEDIDAS

El resto de extremos que conformaban este acuerdo eran agilizar las ayudas de emergencia social y los pagos del Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Plan de Rescate Habitacional, pedir al Gobierno estatal eliminar obstáculos para una ley de Sobreendeudamiento, paralizar planes de privatización o una auditoría de sistemas sanitarios.

También se incluía un Plan Regional contra la Pobreza Energética, dar prioridad presupuestaria a la pobreza infantil, 1,5 millones en el primer mes de Gobierno para Emergencia Social, acceso universal a servicios sanitarios, derogación del Decreto del Gobierno del PP para regular el reconocimiento de la Dependencia y elaborar un Plan Individualizado de Atención para "más de 27.000 personas dependientes "en el limbo", extremo este último en el que sí se han dado pasos.

Reflejaba igualmente una reforma tributaria que modificara el impuesto de patrimonio, garantizar el "acceso real" de la ciudadanía a la información de la Administración, hacer accesibles las declaraciones de bienes de los cargos públicos, publicar mensualmente la ejecución presupuestaria de la Junta, dar transparencia a las puertas giratorias y crear una Oficina de Buen Gobierno.