El juez de 'La Perla Negra' mantiene la condición de investigado del exconsejero Tomás Villanueva

El auto del titular de Instrucción 2, César Gil Margareto, recoge que, "sin ánimo de prejuzgar sin poder anticipar posible imputación en este momento", existen "elementos suficientes" para pensar que Tomás Villanueva tuvo una "intervención activa y directa" en los hechos y fue conocedor en todo momento "e incluso inspirador" de las decisiones cuestionadas sobre los diversos temas objeto de investigación y no se le incluye en la investigación "simplemente" por su condición de consejero.

Además, el auto, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, señala que algunos de los testigos e investigados ponen de manifiesto ese conocimiento e intervención personal y aclara que la inclusión "tardía" no provoca indefensión porque desde su personación puede acceder al procedimiento y recuerda la investigación "compleja" que se ha llevado a cabo.

En su recurso de reforma ante el propio juez instructor, el ex alto mandatario castellanoleonés --que también ha sido incluido como investigado en la 'trama eólica'-- reprochaba que el auto de César Gil Margareto atendiera la petición de la Fiscal Jefe, Esther Pérez, tras tres años y siete meses de práctica de diligencias sin que hasta el momento se hallara prueba alguna de incriminación contra su persona.

Villanueva, a través de su defensor, escudaba su inocencia en el hecho de que los actos que se le imputan, "ajustados a informes técnicos y propuestas previos, no son constitutivos de infracción penal alguna" --fueron aprobados por el Consejo de Administración de Gesturcal, del que él no formaba parte--, al tiempo que acusaba a la Fiscal Jefe de dar "un salto a un vacío probatorio" cuando, "con palmaria orfandad probatoria", plantea como hipótesis que fue la persona que trasladó información privilegiada a Urban Proyecta PM 3, S.L. respecto de los planes de adquirir del polémico edificio de 'La Perla Negra' en Arroyo de la Encomienda.

El auto recurrido por Villanueva le emplazó a declarar el 27 de noviembre, en calidad de investigado, no sólo para aclarar su participación en la operación de compra de 'La Perla Negra' sino también la compra de terrenos para el fallido polígono de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, trámites estos dos últimos que también están siendo objeto de investigación judicial.