Pensionistas venezolanos en España recurren a Rajoy para pedir "medidas humanitarias" ante el impago de sus pensiones

El presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Madrid, Pedro Ontiveros, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para informarle de la "delicada situación" en la que vive este colectivo, que no cobra su pensión y para pedirle que estudie "medidas humanitarias extraordinarias".

Así lo ha expuesto en el Senado el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando García Casas. "Estamos trabajando en ello, a ver qué se puede hacer, porque los mecanismos del convenio no lo contemplan", ha dicho.

El responsable de Exteriores se refería al convenio de 1988 por el cual los pensionistas venezolanos pueden cobrar sus pensiones en España. Según ha dicho, la legislación no contempla que el Gobierno español pueda hacerse cargo del pago de esas pensiones, solamente el abono de complementos para que las pensiones lleguen al mínimo legal en España, de manera que "no existe base legal" para que el Ejecutivo las asuma.

García Casas ha cifrado en 7.000 las personas afectadas por este problema en España y ha señalado que el Gobierno tiene intención de seguir reclamando esos pagos por vía diplomática a Caracas. La última gestión, ha precisado, se hizo el pasado 20 de junio a través del viceministro venezolano para Europa, que dijo que "tomarían nota" pero todavía no ha dado una respuesta.

España también le ha trasladado su preocupación al ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Moncada, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha dirigido por escrito a su contraparte venezolana "y no ha recibido contestación".

García Casas ha reconocido que el caso no tiene fácil solución por la difícil situación económica que vive Venezuela, la elevada inflación y un tipo de cambio "irrealista" del bolívar que convierte pensiones que debían de ser de 500 euros al mes en cantidades de 3.000 o 4.000 euros.

El secretario de Estado ha respondido así en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado a una pregunta planteada por el senador socialista Pío Rómulo Zelaya, que ha hecho hincapié en que el problema afecta "a personas reales en territorio español". García Casas se ha comprometido a hacer un seguimiento del tema.