El Parlamento catalán pide que los delitos por corrupción tengan la prescripción "más larga" del Código Penal

La comisión de estudio de las Medidas de Lucha contra la Corrupción para la Regeneración Democrática del Parlamento catalán ha aprobado este jueves el grueso de sus conclusiones tras un año de trabajos, entre las que destaca la necesidad de ampliar el plazo de prescripción de los delitos económicos vinculados a la corrupción hasta el límite "más largo" previsto en el Código Penal.

La aprobación definitiva se había pospuesto hasta en tres ocasiones en las últimas dos semanas por dificultades a la hora de ordenar las votaciones, sumadas al hecho de que varios grupos habían presentado a deshora sus conclusiones y transacciones.

La de ampliar la prescripción de los delitos económicos la habían propuesto SíQueEsPot y la CUP y ha contado con el apoyo de JxSí y el PSC, mientras que Cs y PP se han abstenido.

Inicialmente, SíQueEsPot y la CUP querían que este tipo de delitos no prescribieran nunca, pero el resto de partidos se oponían, y por ello han reformulado su propuesta situándola en "el plazo más largo previsto en el Código Penal", que ahora está entre 15 y 20 años.

Por unanimidad, ha prosperado otra recomendación vinculada con el Código Penal: que la financiación irregular de los partidos se tipifique como delito específico y que se incluya la responsabilidad de las formaciones.

Otras iniciativas aprobadas son reducir el gasto electoral a la mitad, reforzar el régimen de incompatibilidades, no admitir procesados o investigados por corrupción en las listas electorales y un mayor control de la contratación pública.

MESA DEL PARLAMENT

Como con todas las conclusiones de las comisiones de estudio, una vez aprobadas se llevarán a la Mesa del Parlament para que las estudie: el órgano rector de la Cámara catalana deberá decidir "si toma nota o si les da una tramitación específica" llevándolas al pleno para su debate y votación, según el reglamento de la Cámara.

En caso de que lleguen al pleno y se aprueben, deberían llevarse al Congreso de los Diputados porque la Generalitat no tiene competencias para la mayoría de medidas alumbradas en la comisión.