El Parlament alega ante el TC que la resolución del referéndum cumple el Reglamento

Los letrados del Parlament han presentado alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) por su decisión sobre la resolución de la cámara catalana fruto del Debate de Política General (DPG) que insta al Govern a preparar un referéndum y argumentan que su admisión a trámite por parte de la Mesa se hizo de acorde al Reglamento y, por tanto, sus miembros gozan de inviolabilidad.

Según el documento de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, la decisión de la Mesa responde a "actos parlamentarios que gozan de la prerrogativa de inviolabilidad, lo que excluye la responsabilidad penal en todo caso".

Asimismo, recuerdan que "la Constitución no prohíbe ni establece límites al debate político", especialmente si se produce en sede parlamentaria, incluso cuando la idea que se debata discrepe con el contenido de la Carta Magna.

Para ello, citan un fragmento del Reglamento del Parlament, que recoge que, tras la presentación de resoluciones fruto del DPG, "la Mesa admite las que son congruentes con la materia que ha sido objeto del debate y que no significan moción de censura" al Govern.

La Abogacía del Estado argumentó en su recurso al TC que las resoluciones aprobadas en el DPG surgían de la impugnada resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, algo que los letrados del Parlament rechazan.

Según ellos, esta resolución de 2015 "no se centraba en un referéndum", que es la línea general de los acuerdos a los que llegaron JxSí y la CUP en el DPG, y que plantearon en las resoluciones posteriores.

"No constituyen ningún desarrollo ni adaptación de las resoluciones anuladas, sino que se producen en el marco de la función parlamentaria", argumentan, y también ponen en cuestión que la Abogacía del Estado diga actuar en nombre del presidente del Gobierno central y de su Gobierno indistintamente, por lo que le piden aclarar su representación.

La Constitución, aseguran, distingue la actuación del presidente del Ejecutivo de la del conjunto del Gobierno central en los procesos ante el TC, y añaden: "No son intercambiables".

PIDEN LEVANTAR LA SUSPENSIÓN

Los letrados, que actúan en nombre y representación del Parlament, también piden dejar sin efecto la suspensión automática de los apartados de lo acordado en el DPG a petición del Ejecutivo español.

"La suspensión es acordada por el Gobierno al margen", critican, y defienden que esta decisión debe tomarla el TC tras escuchar a las partes.