Los jueces de Las Palmas exigen responsabilidades "penales o disciplinarias" contra los que "denigran" su función

Así lo ha afirmado González tras leer un comunicado consensuado por la Junta General de Jueces en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, entre un total de 34 jueces de los 54 convocados, y afirmar que "no podemos mantenernos como meros espectadores ante la imagen que afecta a la justicia en Canarias" y ante hechos de "extrema gravedad".

Los jueces confían "plenamente en la Justicia" y exigen "respeto a las resoluciones judiciales" para añadir que seguirán desarrollando su labor "con independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley", sin que "hechos excepcionales, referidos a personas concretas, puedan enturbiar el trabajo que se realiza por encima de los estándares cuantitativa y cualitativamente razonables".

Sin alusiones personales, los jueces se muestran "sorprendidos y perplejos" por hechos "que "aparentemente transgreden los principios básicos que han de presidir nuestra función constitucional" y "presuntamente realizados por quienes están íntimamente sometidos a ellos".

Según los jueces de Las Palmas, el quebranto de los principios básicos de su labor como servidores públicos, "o inexistencia de hechos que pongan en duda su integridad" afecta a la confianza de la ciudadanía y "nos deslegitima en el desarrollo de la función pública".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acordó el martes 8 de noviembre la incoación de un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa --que fue el que sustituyó a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell e informó en contra de ella-- por su actuación durante dicha sustitución en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El CGPJ considera que existen dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave en su investigación al empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez.

Concretamente, el CGPJ ha abierto expediente a Alba por llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo, y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez.

Asimismo, la Sección Territorial en Canarias de Jueces para la Democracia (JpD) anunció la presentación de una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra Salvador Alba por grabar "subrepticiamente" a los compañeros con los que comparte Sección mientras deliberaban sobre asuntos judiciales, así como una conversación sostenida con un letrado cuyo contenido se refería a cuestiones que afectan a la vida privada de otros jueces.