Así sería la 'supervicepresidencia' de Iglesias en un Gobierno con el PSOE

Esta nueva Secretaría de Estado contaría con un director general al mando de una Unidad Adscrita de Investigadores, formada por miembros de las fuerzas de seguridad, personal de Hacienda y de Aduanas. Iglesias ha calificado este proyecto como "la medida más ambiciosa de las que se han tomado en materia de lucha contra la corrupción en la Historia reciente de la democracia". Las funciones de esta nueva Secretaría de Estado abarcaría el ámbito estatal, pero también el autonómico y local.

El organigrama se completaría con un director general de Evaluación y Seguimiento, una Oficina de la Ciudadanía para la Transparencia Institucional, un director general para la coordinación de contrataciones con las administraciones públicas así como "otros organismos e instituciones relacionados a los que se considere necesario dotarles de mayor independencia".

"Unidades policiales independientes"

A la hora de justificar la creación de la Unidad Adscrita de Investigadores, Podemos argumenta que "es necesario que jueces y fiscales dispongan de una auténtica policía judicial". "Para ello y en el desarrollo de la acción anticorrupción, se crearán 'Unidades Policiales Independientes'", dice el documento.

Estas "Unidades Independientes" estarían adscritas a los juzgados y no podrán ser apartadas de un caso salvo que lo decidiese el juez al frente a la investigación. Podemos quiere que tengan un estructura independiente y para ello establece que "sólo sus puestos directivos de máximo nivel sean nombrados por el procedimiento de libre designación" (cargos de confianza).

Los miembros de las fuerzas de seguridad que integrarían estas unidades deberán tener un grado universitario y contar con más de diez años de experiencia dirigiendo unidades de Policía Judicial. Sus responsables podrán sumar a estas unidades a otros funcionarios en función de criterios como la relevancia o la urgencia de resolución del caso. Sólo rendirían cuentas ante el juez "sin tener la obligación de informarles a los mandos policiales de la evolución de las investigaciones ni de los resultados obtenidos".

La Secretaría de Estado que propone Iglesias contaría además con el llamado "Consejo Asesor Anticorrupción" formado por "movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Investigación de la UDEF

Durante la rueda de prensa en la que Podemos ha presentado estas iniciativas, Iglesias ha sido preguntado acerca de la investigación que mantiene abierta la Policía Nacional en torno a una presunta financiación del partido procedente de Irán. El líder de la formación ha vuelto a insistir en que están "encantados" con que se les investigue y que "sus puertas están abiertas".

Al mismo tiempo, para defender su proyecto, ha aludido al actual ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, al que ha acusado de encomendarse a La Virgen al tiempo que "recibe en su despacho a Rato".

A esta Vicepresidencia con una Secretaría de Estado contra la Corrupción, habría que sumarle la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, la Secretaría de Estado de Comunicación y una Subsecretaría de Presidencia. Mantendría Iglesias el control sobre los servicios secretos (CNI), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El documento garantiza "lealtad institucional" y argumenta que esta estructura de la Vicepresidencia reduciría los costes y agruparía el número de Secretarías de Estado con las que cuenta en la actualidad. Según explican, los objetivos principales son "garantizar los derechos sociales", la lucha contra la corrupción y "regenerar las instituciones y democratizar las estructuras del Estado".

Oficina de Derechos Humanos

Entre otra de las novedades que plantea Iglesias para su Vicepresidencia está la creación de una Oficina de Derechos Humanos, algo que advierte como "imprescindible e irrenunciable". Su responsable tendrá la condición de secretario de Estado y su función será "velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales que adquiera España en materia de derechos humanos".

Se crearía una comisión interministerial para coordinar todas estas funciones entre los distintos ministerios y esta oficina deberá también coordinarse con el Defensor del Pueblo. Actualmente ya existe una Oficina de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.