Ruz pide los poderes de Bárcenas para estudiar si el PP cometió delito fiscal

En una providencia dictada este martes, Ruz realiza este requerimiento en relación, entre otras, con las diligencias referidas a un préstamo de 200.000 euros que se concedió por la sede central del PP para la compra y obras de ampliación de la sede del partido en La Rioja en junio de 2008 que, según Bárcenas, provenía de donativos recogidos por dicha sede regional, señalan fuentes jurídicas.

En su ultima declaración Bárcenas afirmó que sus poderes como tesorero no fueron revocados hasta marzo de 2010, en contra de lo sostenido por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien defiende que éste dejó sus atribuciones en octubre de 2009.

Además, Ruz hace constar en su providencia haber sido informado por la delegación de Hacienda en Madrid de la existencia de una inspección fiscal respecto de Unifica Servicios Integrales S.L, la empresa de Gonzalo Urquijo que realizó las obras en la sede del PP de la madrileña calle Génova que según los papeles de Bárcenas fueron pagadas en parte (888.000 euros) en negro.

Ruz quiere saber si el resultado de esta inspección fiscal puede tener incidencia en el marco de su investigación y da otro plazo de cinco días para que se recaben dichas actuaciones en relación al impuesto de sociedades y al IVA en los periodos 2008 y 2009. Los resultados se incorporarán a los informes que el juez ha solicitado sobre este asunto.

Otras diligencias

En la misma providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordena poner a disposición de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, (UDEF), de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado (IGAE) las declaraciones de Bárcenas del pasado jueves, una vez transcritas, "al objeto de que puedan valorarla en el ejercicio de las funciones encomendadas".

También ordena incorporar a la pieza separada en la que se investiga la posible contabilidad B del PP la declaración prestada ese mismo día por su esposa, Rosalía Iglesias, en la causa "Gürtel" "por cuanto la misma habría versado parcialmente sobre extremos que resultan objeto" de esta causa.

Asimismo, el magistrado incorpora a la causa un informe en el que la UDEF analiza la contratación pública de empresas vinculadas a los investigados para que sus conclusiones puedan ser tenidas en cuenta en el que esta unidad policial tiene pendiente terminar en relación con las cantidades supuestamente percibidas por el PP a través de los extesoreros Lapuerta y Bárcenas y que fueron incluidas en la denominada "contabilidad B".

En dicho informe, la policía también deberá vincular estos datos con las adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiarios las sociedades relacionadas con las personas que están siendo investigadas.