El PSOE examina mañana al ministro de Justicia en el Congreso sobre el grado de cumplimiento de la ley de 2007

El PSOE examinará este miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica desde la llegada del PP al Gobierno en 2012.

En concreto, será el diputado vasco Odón Elorza quien pedirá al titular de Justicia que haga balance de la aplicación en los últimos cinco años de la ley aprobada en 2007 durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo.

Los socialistas han decidido llevar este asunto a la sesión de control al Gobierno tres días después de haberse cumplido el 42 aniversario de la muerte de Francisco Franco, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1975.

Además, el PSOE tiene previsto registrar en los próximos días una proposición para ampliar la Ley de Memoria en la que plantean declarar nulas las resoluciones judiciales y administrativas dictadas por motivos políticos durante el franquismo, crear una Comisión de la Verdad, ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco y sacar los restos de dictador del Valle de los Caídos.

ANULAR MEDALLAS A FRANQUISTAS

Según han avanzado a Europa Press fuentes socialistas, la propuesta también contempla medidas para los particulares a los que se les confiscaron bienes muebles e inmuebles --hasta ahora sólo se ha restituido el patrimonio incautado a partidos y sindicatos--.

Igualmente, quieren declarar nulas las distinciones y medallas concedidas por el régimen a sus partidarios, así como los nombramientos de hijos predilectos o las medallas de ciudades y provincias con las que se reconoció su adhesión al franquismo.

La asunción por parte del Gobierno de la obligación de colaborar con el resto de administraciones y asociaciones en las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes y dar un entierro digno a sus ocupantes y la creación urgente de Bancos de ADN para agilizar esta tarea también están en la ley socialista.

De aprobarse, la norma garantizaría dotación presupuestaria anual para estos asuntos, así como nuevas declaraciones de reparación a las víctimas del franquismo y la reapertura de la Oficina de Ayuda a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

El texto se completa con una propuesta para ampliar los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad española, de manera que puedan hacerlo los descendientes de mujeres españolas (hasta 1978 las madres no transmitían la nacionalidad), los descendientes de varones que tuvieron que renunciar a su nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad gracias a esta norma, que sólo lo contemplaba para los menores.