El PSOE y Podemos pedirán hoy en el Congreso más control sobre las declaraciones de intereses de los altos cargos

El PSOE y Unidos Podemos van a reclamar este jueves que la Oficina de Conflictos e Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda, ejerza un mayor control de la veracidad de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Precisamente estos días el Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido un año en el cargo y sigue sin publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las declaraciones de Patrimonio de los ministros y secretarios de Estado, como tiene prometido desde 2014, año de la última publicación.

En un informe referido al periodo 2012-2014 y recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas desveló que la Oficina de Conflictos de Intereses, a quien se encomienda la vigilancia de las incompatibilidades, no verifica las declaraciones de los altos cargos, ni tampoco busca posibles omisiones, y que en ese periodo sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecían en la prensas.

TIENE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN QUE NO EJERCITA

En concreto, el Tribunal de Cuentas criticaba que la Oficina de Conflictos de Intereses "se limitó" entre 2012 y 2014 a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero "no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar" la información declarada.

El organismo que vigila las incompatibilidades tampoco utilizó la posibilidad legal que tiene de colaborar con las administraciones tributarias y de la Seguridad Social para comprobar la documentación o detectar posibles omisiones, y ni siquiera tiene establecidos procedimientos para ello. Igualmente, no comparó las declaraciones con las inscritas con anterioridad.

"Únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa. No se realizó comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas que no declararon actividades ni aparecieron en prensa", añadía el informe.

NO VALORA POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

Además, la institución que dirige Ramón Álvarez de Miranda criticaba que la Oficina no valoró la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la función pública, a un organismo internacional o cuando inició una actividad en una empresa de nueva creación.

De hecho, entre 2012 y 2014 la Oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflicto de Intereses, y tampoco inició, instruyó o resolvió expediente sancionador alguno.

Y con respecto a los informes que la Oficina envía periódicamente al Congreso, el Tribunal de Cuentas considera que "resultan poco útiles para ofrecer información relevante sobre las actividades y los posibles conflictos de intereses" pese a cumplir con todas las previsiones legales.

EL JUEVES SE DEBATEN LAS PROPUESTAS

En ese contexto, tanto el PSOE como Unidos Podemos han presentado propuestas de resolución en relación con ese informe pidiendo a la Oficina un "control más exhaustivo" de las declaraciones de los altos cargos, iniciativas que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del Tribunal de Cuentas votará el próximo jueves.

En sus resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE habla en concreto de realizar comprobaciones de las declaraciones de los altos cargos contrastándolas con las antiguas, y pide también que se les requiera a subsanar defectos u omisiones bajo amenaza de abrir un procedimiento sancionador. Unidos Podemos pide por su parte "desarrollar todas las facultades" que permite la ley para "verificar e investigar los datos declarados".

Hasta el PP reconoce implícitamente que la situación debe mejorar al incidir "especialmente" en la conveniencia de realizar "comprobaciones periódicas y aleatorias" para verificar los datos declarados por los altos cargos.

Mientras tanto, el Gobierno del PP sigue sin publicar los patrimonios de los ministros y secretarios de Estado, una iniciativa que en 2006 implantó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que la última vez que se cumplió fue en 2014.

La aprobación posterior de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, una de las medidas de regeneración promovidas por el PP en su legislatura de mayoría absoluta, dejó esta publicación pendiente de un reglamento que nunca llegó a ver la luz. La conclusión es que el actual gabinete de Rajoy ha cumplido un año y que, en contra de lo que venía ocurriendo anualmente hasta 2014, el BOE no ha publicado esas declaraciones de bienes de los nuevos ministros ni de los cesados.