El PSOE celebra que el Gobierno le dé la razón y mantenga la pensión a hermanos que convivan en un centro de mayores

El pasado 13 de febrero, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, remitió a las Comunidades Autónomas una nueva interpretación de la Ley General de la Seguridad Social, para que no se considerara como una misma unidad familiar a los hermanos que convivan en la misma residencia de mayores, a efectos del cobro de una pensión no contributiva.

"El partido se siente de alguna manera reconfortado porque después de que nosotros presentamos una proposición de ley que nos fue vetada y hemos acudido al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de amparo en el caso de dos hermanas ancianas a las que se obligaba a una de ellas a renunciar a su pensión de 300 euros, hoy nos viene a dar la razón y nos viene a decir que no es necesario que una de las personas mayores renuncie a estas pensiones", ha saludado la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.

La dirigente socialista hacía referencia al caso de las hermanas Encarna y Julia Garijo Casal, quienes vivían juntas en la residencia de la tercera edad de Matamala de Almazán (Soria) y tuvieron que separarse por cobrar la primera una pensión no contributiva de 380 euros al mes y la segunda su pensión de viudedad. Julia Garizo regresó a Madrid para poder seguir cobrando su pensión. El pasado mes de enero, falleció a los 94 años de edad.

En septiembre de 2017, el PSOE presentó en el Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social con el objetivo de flexibilizar el cobro de una pensión no contributiva por parte de dos familiares que vivieran en la misma residencia de mayores.

Sin embargo, la iniciativa del PSOE se topó con el veto del Gobierno. La Mesa del Congreso, con los votos de PP y Ciudadanos, impidió siquiera que pudiera debatirse en el Parlamento, alegando que suponía un incremento del gasto público.

RECURSO ANTE EL TC

El PSOE decidió recurrir esa decisión de la Mesa al Tribunal Constitucional, al considerar que el Gobierno estaba haciendo una "interpretación arbitraria y abusiva" del artículo 134 de la Constitución que le otorga derecho de veto a iniciativas que impliquen un aumento del gasto o un descenso de ingresos presupuestarios.

Ese recurso se presentó el 8 de febrero, tan sólo unos días antes de que el Ministerio de Sanidad remitiera a las comunidades autónomas el nuevo criterio para la interpretación de la norma que había elaborado el departamento de Empleo.

No obstante, ese criterio elaborado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo había sido remitido dos meses antes, en concreto el 8 de diciembre de 2017, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han precisado a Europa Press fuentes del departamento de Fátima Báñez.

En cualquier caso, Robles ha aprovechado para denunciar la "absoluta insensibilidad" del Gobierno con los pensionistas, que "muy justamente están saliendo a la calle a reivindicar que no haya una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones".