PP presenta un recurso para exigir que los parlamentarios vascos acaten la Constitución española

El PP ha presentado un recurso de reposición ante la Mesa del Parlamento vasco para obligar a los parlamentarios a jurar o prometer el acatamiento de la Constitución española y, de esa forma, acabar con la "excepcionalidad" y el "incumplimiento" de la ley en la que, a su juicio, incurre la Cámara al no exigir este compromiso.

El Partido Popular recurre así el acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la Cámara vasca del pasado 21 de octubre, cuando la Mesa rechazó la solicitud del PP para exigir el acatamiento de la Constitución a los parlamentarios en el momento de la toma de posesión de sus cargos.

Tras aquella decisión, el presidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, cuestionó que el Parlamento se encuentre "dentro de la normalidad constitucional" porque a sus representantes no se les reclama el "acatamiento" de la Constitución, aunque reconoció que durante el mandato de la popular Arantza Quiroga como presidenta del Legislativo tampoco se dio "cumplimiento" a este procedimiento.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica ha registrado este viernes un recurso de reposición a la Mesa contra la decisión adoptada en el pleno del 21 de octubre en el que se constituyó el nuevo Legislativo vasco.

El escrito de los 'populares destaca que aunque el reglamento de la Cámara para la sesión constitutiva de la misma establezca "un simple llamamiento de los parlamentarios electos por orden de acreditación", esto "no sustituye la obligación de acatamiento explícito (de la Constitución) contemplada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

"AVALES"

El Partido Popular acompaña su escrito con distintas sentencias del Tribunal Constitucional, que --según el PP-- "avalan la obligación de los parlamentarios autonómicos, y en general los cargos políticos electos, de prestar acatamiento de manera expresa e individual a la Constitución".

Esta formación estima que el rechazo de la Mesa a exigir este acatamiento a los nuevos representantes autonómicos "supone un incumplimiento palmario de lo dispuesto en la ley". Aquella decisión, ha denunciado, "deja en mal lugar la propia imagen de la institución, puesto que quien tiene la responsabilidad de legislar también tiene como primera obligación la de cumplir las leyes".

Sémper ha afirmado que "la excepcionalidad avalada por los miembros de la Mesa sólo obedece a intereses políticos que se anteponen al propio cumplimiento de las leyes".

"Creemos que el mejor ejemplo de normalidad democrática viene del acatamiento y cumplimiento de las leyes, no de su incumplimiento, mucho más en el caso de un Parlamento, que tiene el encargo de promulgarlas", ha manifestado. Según ha dicho, "no existen razones políticas que puedan empujar a no hacer lo dispuesto en la ley y a su no cumplimiento".