El PP quita hierro a las divergencias en la Fiscalía en la 'operación Lezo': "Tiene mecanismos para solventarlas"

Según han informado a Europa Press fuentes fiscales, el pasado martes se produjo una 'rebelión' en el seno de la Fiscalía Anticorrupción porque el fiscal jefe del departamento, Manuel Moix, quiso "desvincular cronológicamente" el registro del domicilio de uno de los imputados, en contra del criterio de los fiscales del caso. Estos decidieron llevar el asunto a la Junta de Fiscalía, que los apoyó mayoritariamente y Moix retiró su orden.

Preguntado por este asunto, Maillo ha respondido que "al final se produjo el registro y la detención" y que la decisión "se tomó a través del mecanismo que tiene el propio Ministerio Fiscal para solventar sus diferencias".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maillo se ha preguntado si "alguien puede cuestionar que la Fiscalía no es autónoma para tomar sus propias decisiones". Es más, cree que los hechos desmontan la acusación de que el Gobierno controla a la Fiscalía, porque lo cierto es que hay procedimientos abiertos en toda España: "Si dicen que el Gobierno o el PP controlan... pues qué mal lo hacemos".

Con todo, ha reconocido que en un debate más amplio sobre la reforma de la Justicia "se puede hablar de todo" --y de hecho ha recordado que su partido ha ofrecido un 'pacto por la Justicia'--, pero siempre sin cuestionar la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía.

Lo que sí tiene claro el PP es su intención de reformar la acusación popular, que considera "un anacronismo" especialmente por el uso que hacen de ella los partidos políticos. Eso sí, ha puntualizado que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Por su parte, el PSOE ha avanzado que quiere que los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Ignacio Zoido, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparezcan en el Congreso para aclarar si el nuevo fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, trató de frenar la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Fuentes de la fiscalía Anticorrupción han confirmado a Europa Press que la objeción de Moix no fue sobre el registro en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que ha sido detenido, ni en el de ninguno de los principales imputados. Afectaba a otro de los investigados por hechos muy anteriores a la llegada de aquéllos al Canal de Isabel II.