PP y Cs frenan la idea del PSOE de crear una comisión en el Congreso para estudiar tratados internacionales como el CETA

En su escrito al órgano de gobierno del Congreso, los socialistas explicaban que pretendían poner en marcha dicha comisión para poder tener "un mayor conocimiento y control" de los contenidos y los términos y consecuencias de esos textos internacionales, y cumplir, además, con las nuevas exigencias de transparencia de una sociedad moderna y de participación de los Parlamentos nacionales en ese tipo de tratados.

El primer partido de la oposición ya explicó hace unas semanas que reclamaría la puesta en marcha de un órgano en el Congreso tras explicar su cambio de postura ante el CETA, ante el que se acabaron abstuvieron tras haber anunciado que lo apoyarían.

Sin embargo, su requerimiento se ha topado este martes en la Mesa del Congreso con el rechazo del PP y Ciudadanos, que recuerdan que la dirección de la política exterior es una competencia exclusiva del Gobierno, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Según la Carta Magna, al Gobierno le corresponde la iniciativa de negociar los tratados y convenios internacionales, y el Parlamento sólo interviene para autorizar o no su aplicación en España.

LLAMAR A COMPARECIENTES

En concreto, la iniciativa socialista planteaba que la citada comisión, conforme a un plan de trabajo acordado en su seno, solicitase al Gobierno la remisión de los textos y la información que considerase necesaria para llevar a cabo sus tareas, y requiriese la opinión de expertos y personas o colectivos competentes en la materia, así como de representantes de las organizaciones sindicales, de las asociaciones empresariales y de otros grupos o movimientos sociales.

En concreto, sugería que ese órgano estudiase esos textos y la información recibida y evaluara sus consecuencias políticas, económicas, sociales, medioambientales o de otra índole, pudiendo emitir dictámenes que contuvieran resoluciones y propuestas sobre los mismos. Todo ello sin perjuicio de las facultades de autorización que la Constitución reconoce a las Cortes Generales respecto de la prestación del consentimiento del Estado.