ONG's piden al Gobierno el cese de exportaciones de armas a Arabia Saudí que puedan usarse en la guerra de Yemen

Los directores de las cuatro ONG han hecho esta exigencia a la Secretaria de Estado de Comercio del Gobierno español, que preside la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso que regula el comercio de armas, y a la que en mayo solicitaron una reunión que aún no ha tenido lugar.

Las ONG's cifran en más de 650 millones de euros las armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en Yemen en marzo de 2015, en el que al menos 5.144 civiles han perdido la vida y "las partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional con total impunidad".

Según plasma el informe 'Armas sin control: Un oscuro negocio Marca España', haciendo un recorrido por todo el proceso de aprobación de las exportaciones y seguimiento posterior de las armas vendidas, existen una serie de "dudas razonables muy preocupantes" sobre la seguridad de que no son utilizadas contra la población civil en Yemen o para cometer crímenes de guerra.

"Las autoridades no han dado una respuesta satisfactoria a estas y otras preguntas clave", censuran las organizaciones, que denuncian además que las actas de la junta que aprueba las exportaciones son secretas y no permiten por tanto una adecuada "rendición de cuentas".

El informe sostiene la urgencia de poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí que puedan utilizarse en Yemen, revocando las ya aprobadas y no negociando nuevos contratos. Y avisa de que es "imprescindible" adoptar medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo del uso de las armas previo a las autorizaciones, el control del uso de las armas exportadas y la necesidad de control parlamentario previo de determinadas exportaciones sensibles.

Además, hace ocho recomendaciones al Gobierno y los grupos parlamentarios, entre las que destacan la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la Ley con motivo del décimo aniversario de su adopción y que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, impulsada por el PNV, se adecúe a las normas internacionales de derechos humanos.