Del Nido declara que él negoció con Jesús Gil el contrato de una letrada de su despacho

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha continuado este martes el juicio al exalcalde marbellí Julián Muñoz, a tres excargos municipales y dicha letrada por los fondos destinados desde el Ayuntamiento a una sociedad municipal para contratar servicios de asesoramiento jurídico por valor de más de 400.000 euros, pieza separada del caso 'Minutas'.

Del Nido, que cumple condena en la cárcel de Huelva desde hace tres años, ha declarado por videoconferencia desde allí y ha explicado que la contratación de la abogada la hizo el Ayuntamiento "por indicación de Jesús Gil", quien, ha apuntado, le comentó la necesidad de contratar alguien más debido a la fiscalización iniciada por el Tribunal de Cuentas.

"Yo la recomendé y yo hablé con Gil de sus honorarios profesionales", ha dicho el expresidente del Sevilla, al que se le impuso siete años de prisión por el caso 'Minutas', sobre los encargos que le hizo el Consistorio, y dos años y tres meses por el caso Fergocon, donde se investigaron irregularidades en contratos de obras. Del Nido ha disfrutado ya de tres permisos de salida.

En la sesión de este martes han declarado, entre otros, el que era interventor municipal, Juan Antonio Castro, quien ha reconocido que no existía control financiero previo de las sociedades municipales de Marbella y que él no lo pudo ejercer porque "no me lo permitieron".

Pero, igualmente, ha señalado que tampoco tenían obligación los ediles de Hacienda de controlar el destino de los fondos ni de suspender pagos que vinieran autorizados por el pleno en relación con los presupuestos.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga continuará el juicio el día 3 de abril con más testigos. Estas supuestas irregularidades fueron detectadas en uno de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales, desde donde se hacían los pagos de los servicios de asesoramiento.

ACUSACIÓN

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción precisa que todos los informes de fiscalización sobre el Ayuntamiento aludían a "la insuficiencia de los controles económicos y financieros", lo que "facilitó" que la gestión municipal se trasladara a la sociedades municipales y se "eludieran los requisitos legales" para el uso de fondos públicos

Según el fiscal, en relación con el pago de las minutas desde dicha sociedad "no existió control previo desde la Intervención municipal". "Durante este periodo, por expresa voluntad de los alcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz y con el apoyo de los respectivos concejales de Hacienda --dos acusados en la causa--, el pleno no tuvo información ni ejerció control alguno", se indica.

En la sociedad Control de Servicios Locales, Muñoz y otro acusado eran miembros del consejo de administración y estos, dice el ministerio público, "lejos de advertir las evidentes contravenciones de la normativa legal aplicable, consintieron y colaboraron conscientemente en el mantenimiento de esa anómala situación que causó el quebranto de fondos públicos".

En marzo de 2000, la sociedad amplió su objeto social a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otras mercantiles y al Ayuntamiento, para lo que la letrada colaboradora del despacho de Del Nido, acusada en esta causa, "firmó fraudulentamente un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, como facilitador de los pagos que recibiría mensualmente".

Según las conclusiones provisionales del fiscal, "no consta que la letrada realizara trabajo de asesoría jurídica alguno para la sociedad municipal durante la vigencia de dicho contrato ni con anterioridad", sino que colaboró junto a Del Nido en relación con la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, representando "intereses contrapuestos".

En este caso, se emitieron facturas estandarizadas desde 2000 a 2003 por una cantidad total de 218.695 euros. Pero, según señala la acusación pública en su escrito provisional, se realizaron otras contrataciones de la misma forma, en concreto de un bufete de abogados cuyo responsable ha fallecido, al igual que un economista también contratado, haciendo una cuantía de más de 420.000 euros.

Así, se acusa a Muñoz, a los excargos municipales y a la letrada por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, añadiendo en el caso de la abogada el delito de falsedad en documento mercantil. Se solicita ocho años de prisión para los exresponsables municipales y nueve para la acusada.