Munar vuelve a la Audiencia de Baleares este lunes por el caso Studio Media

La Audiencia ya celebró el pasado 29 de noviembre una vista en la que no se alcanzó un acuerdo entre las partes. En este caso están acusadas un total de ocho personas, entre ellas el ex vicepresidente insular, Miquel Nadal, el ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, y el ex conseller de Presidencia, Miquel Ángel Flaquer.

La defensa de la ex presidenta ha continuado trabajando estos últimos días para definir un acuerdo.

La ex dirigente de UM --quien cumple condena por otros casos de corrupción-- afronta una petición de siete años de cárcel por presuntamente beneficiar a Studio Media Comunicación, una empresa vinculada a miembros del partido, con más de tres millones de euros de fondos públicos a través de varios contratos en los que la Fiscalía aprecia numerosas irregularidades detalladas en su escrito.

Paralelamente se trató de dar a la empresa un contrato complementario de más de 50.000 euros que detuvieron los servicios de fiscalización previa del Consell por considerarlo "absolutamente contrario a derecho".

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau acusa a Munar de haber "tolerado y consentido" las irregularidades administrativas en las contrataciones públicas, que "favorecían a personas próximas a su partido y a su esfera de actuación política". También la acusa de haber firmado e intervenido directamente en algunos de estos procedimientos de contratación.

Además, la empresa "no cumplió sus obligaciones" del contrato y parte del dinero público se destinó a patrimonio personal de diversos particulares, según la acusación, que sostiene que el precio pagado era muy superior al de mercado, más del 300%.

Por estos hechos, Munar está acusada de prevaricación continuada, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial por funcionario.

El pasado 29 de noviembre Munar también estaba citada a una vista previa por el caso Son Oms, en la que sí se llegó a un acuerdo con Fiscalía. La ex presidenta admitió haber prevaricado y blanqueado dinero y aceptó pagar multas que suman 68.500 euros, pero evita la cárcel.