Montoro dice que no habrá referéndum por falta de presupuesto y PDeCAT avisa: solo faltaban leyes y se aprobarán en días

Montoro ha comparecido en el Congreso para explicar las medidas de control impuestas a la Generalitat a raíz del reto soberanista en el que está inmersa. Ha explicado que de momento los está cumpliendo y que cada semana, el Gobierno recibe los certificados de que no se ha gastado "un euro" en el referéndum.

"No va a haber referéndum porque no hay presupuesto, a ver si nos entendemos. No lo va haber por otras causas, pero también porque no hay presupuesto", ha sentenciado el ministro, que se ha preguntado si los promotores están pensando en hacer "una cuestación" para sufragar el coste.

En la réplica, el portavoz del PDeCAT, Antoni Postius, le ha asegurado a Montoro que el uno de octubre "se va a votar" y que si hasta ahora "no se ha gastado un sólo euro" es porque faltaba el marco legal y esto se resolverá en días: "La semana que viene se van a aprobar las dos leyes", la de desconexión y la de convocatoria del referéndum.

El portavoz le ha dicho al ministro que el Gobierno "no quiere entender por qué está pasando esto en Cataluña" y que la mayoría absoluta del Parlamento catalán "quiere ir adelante" con la celebración del 1-O.

El ministro ha insistido después en que los mismos políticos que impulsan el referéndum están certificando que no gastan dinero en organizarlo y les ha animado a explicarlo en público. "¿Por qué no cometen la ilegalidad? Porque no pueden hacerlo los funcionarios de la Generalitat", ha añadido Montoro, que se ha mostrado seguro de que los empleados públicos catalanes se mantendrán dentro de la ley en todo momento.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, el PNV y el PDeCAT han cargado contra la posibilidad de que los controles del Gobierno puedan suponer un cierre en las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Meritxell Batet, del PSOE, que ha recordado que el mecanismo de financiación autonómica lleva pendiente de revisión desde 2014, ha criticado que el FLA sea "un mecanismo que sirve perfectamente" a los "intereses" del Gobierno del PP. "Lo venden como un favor, consigue un mayor control de las comunidades autónomas, respondiendo a la limitación de la autonomía política, limita sus políticas y pone en jaque los pilares del Estado del Bienestar".

En el caso de Cataluña, Batet ha dicho que este tipo de medidas "dificultan el futuro e imprescindible diálogo" que a su juicio debe hacerse y "alimentan el victimismo ante un Estado malo".

Por parte de En Comú Podem, Xavier Domènech ha acusado a Hacienda de querer llevar la sostenibilidaad financiera a "un escenario de excepcionalidad", a "un escenario de guerra" en el que el Gobierno amenaza con medidas si no se cumple lo que impone. "¿Por qué en términos coercitivos y no de colaboración? Están cometiendo una falta de lealtad institucional con la Generalitat", ha acusado Domènech.

Por su parte, Ester Capella, de Esquerra, ha sentenciado que "estas cosas de amenazar lo hace la mala gente" y ha censurado que el Ejecutivo se plantee no pagar el FLA. La diputada ha criticado el aumento de burocratización que suponen las mayores exigencias de certificación "en una administración altamente burocratizada" y ha denunciado el "incumplimiento desde el minuto uno" del sistema de financiación por parte de Gobiernos socialistas primero, y 'populares' después.

El PNV también ha criticado las medidas advertidas por Hacienda --"no están basadas en criterios económicos, sino políticos", ha dicho-- y a través de su portavoz de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha comparado los mecanismos de financiación como el FLA con los planes de rescate y de estabilidad impulsados por la Comisión Europea, que 'de facto' suponen "una intervención".

Únicamente Ciudadanos (además del PP) ha respaldado los mecanismos de control del Gobierno y la posibilidad de no transferir recursos: "Creemos que es razonable que el dinero de todos no sirva para financiar referéndum ilegales, sino servicios públicos", ha dicho su diputado Francisco de la Torre, que ha pedido exigir responsabilidades jurídicas, puesto que en caso de presupuestarse partidas dirigidas al referéndum se estaría incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos.