La Audiencia Nacional no llamará a declarar a Rajoy por la financiación ilegal del PP

En un auto dictado este jueves, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal considera que en esta causa han declarado ya tres secretarios generales del PP, en referencia a María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, por lo que el juez instructor, Pablo Ruz, "se habrá hecho cabal idea" del procedimiento seguido en el PP para la recepción de "donaciones anónimas" entre los años 1992 y 2008.

"Tres secretarios generales han depuesto sobre un mismo hecho y ahora se pretende que otras tres personas, una de ellas el presidente de la formación política, sean llamados a deponer sobre extremos ya explicados en el procedimineto, sin que el juzgado, tras aquellas declaraciones, nada haya acordado", señala la resolución.

El tribunal, formado por las magistradas Ángela Murillo, Teresa Palacios (ponente) y Carmen Paloma González, también rechaza que la declaración de Rajoy sea pertinente para tratar de demostrar la veracidad de los denominados 'papeles de Bárcenas". "Es al instructor, con el acervo probatorio recopilado, al que compete disipar estos hechos", señala la resolución.

"Una cosa es lo que las partes interesen que se practique en el curso del proceso penal y otra bien distinta que se tenga que acordar todo lo pedido", argumentan las integrantes de la Sección Cuarta, que rechazan de esta forma un recurso de apelación presentado por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el procedimiento.

No declarará Rato ni Mayor Oreja

Al mismo tiempo, rechazan la declaración como testigos del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, también solicitada por figurar como supuestos receptores de sobresueldos en negro. El tribunal sostiene que, como apunta el Ministerio Fiscal, "el periodo que pudiera afectarles no es objeto de investigación".

En octubre pasado el juez Ruz rechazó la comparecencia de Rajoy, Rato y Mayor Oreja y de una veintena de testigos, entr eellos el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez,

Documentación de la Xunta

En otro auto, el mismo tribunal confirma la decisión del juez Ruz de no solicitar a la Xunta de Galicia el expediente de adjudicación y contratación de las obras de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, que fue solicitada por la acusación del Observatori DESC.

Los magistrados acusan a esta parte de solicitar esta diligencia sin explicar cuál era "el indicio delictivo" en relación con este proyecto o el "nexo de unión" con la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

"No puede olvidarse que el ámbito de una investigación penal (...) no es otro que el de determinar la naturaleza y circunstancia del hecho que se está ya investigando, no cualquier otro hecho que haya sucedido en la geografía española en el que hayan participado dirigentes o miembros de un mismo partido a lo largo de varios años, coincidentes o no, con los que se investigan en las presentes actuaciones", señala el auto.