Madrid y Barcelona exigen regulación estatal del precio del alquiler porque Airbnb "no puede ser quien mande"

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona demandan una regulación estatal de los precios de los arrendamientos porque "no puede ser que quien mande en el mercado de alquiler del centro de las ciudades" sean las plataformas de alojamientos como Airbnb.

Así lo han defendido el concejal madrileño de Centro, Jorge García Castaño, y la concejala barcelonesa de Ciutat Vella, Gala Pin, unos de los distritos con mayor densidad turística, en unas primeras jornadas celebradas este fin de semana en Madrid en las que han compartido experiencias similares relacionadas con la gentrificación y la masificación turística así como el diseño de posibles estrategias conjuntas a desarrollar.

"Lo que no se puede dejar es que Airbnb sea quien mande en el mercado de alquiler del centro de las ciudades. Ahí quien manda es la Administración, las leyes, el interés general, la función social de la vivienda, que son derechos constitucionales", ha defendido García Castaño en una entrevista con Europa Press.

La "burbuja de los precios del alquiler en los centros de las ciudades", como ha definido la concejala de Barcelona en Comú, no es un fenómeno único en Madrid y Barcelona sino de muchas capitales europeas. Lo que reclaman ambas administraciones es una "regulación razonable" con la que seguro que plataformas como Airbnb "puedan hacer mucho negocio" pero, remata Jorge García Castaño, "lo que no parece posible es que la Administración se esconda cuando tiene una burbuja evidente".

La concejala de Ciutat Vella reclama "la necesidad de tener un modelo turístico con liderazgo público claro porque al final parece que se acaba caricaturizando el debate sobre turismo sí o no". "Se trata de qué modelo turístico queremos porque el turismo es un activo de las ciudades y tenemos que asegurar que esté presente sin ir en contra de las propias ciudades", ha manifestado.

EL FENÓMENO PERVERSO DE LA GENTRIFICACIÓN 4.0

Lo que se produce en estos momentos en el centro de ciudades como Barcelona y Madrid va más allá del concepto tradicional de gentrificación, es decir, sustitución de población con menos recursos por otra con más recursos.

"Ahora mismo nos encontramos con un fenómeno más perverso que es la gentrificación 4.0, la turistificación, donde no sólo hay sustitución de población con menos recursos por población con más recursos sino un vaciado de comunidades con un sujeto flotante que incide de manera depredadora en los precios de la vivienda y en el cambio de tejido comercial de las zonas donde se implanta", ha diagnosticado la concejala de Ciutat Vella.

Esto ha llevado a que "muchos ayuntamientos compartan la necesidad de que el Estado regule el precio del alquiler", tanto por preservar un derecho básico como el de la vivienda como por el hecho de que "hay actores del sector inmobiliario que acaban decidiendo sobre la vida de la gente, sobre si la gente puede vivir en un barrio o no".

CAMBIO EN LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Jorge García Castaño comparte que se está produciendo "un nuevo modelo de gentrificación, es un movimiento de despoblamiento que pasa por la sustitución de una población por otra no permanente, flotante". Y todo eso acompañado por "una debilidad a la hora de tener instrumentos desde las administraciones". "Hace falta un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos y creo que en esta legislatura es factible porque ya han hecho campaña algunas formaciones que podrían hacer mayoría en el Parlamento", ha sostenido el edil de Centro.

Una alternativa para hacer que los barrios de masificación turística sean para la gente que vive en ellos, aunque sin que esto se entienda como de usos excluyentes sino como espacios públicos más polivalentes, pasa por ampliar el parque público de vivienda. Y esto es esencial teniendo en cuenta que la mayoría de las ciudades tienen una media de un 1 por ciento de parque público, muy lejos del 25 por ciento necesario con el que poder incidir en el parque de alquiler privado. Esta situación es una realidad en ciudades como Viena. "No es una utopía", defiende Gala Pin.

Los ayuntamientos mientras pueden echar mano de las herramientas urbanas que tienen a su disposición, como el plan de usos con el que cuenta Barcelona, que permite limitar qué tipo de establecimientos y de comercios de concurrencia pública se pueden ubicar en unas zonas según criterios de densidad o afección al espacio público. También en Madrid se incide en este ámbito con las Zonas de Protección Acústica Especial y con las Áreas de Prioridad Residencial.

CIUTAT VELLA PIERDE 103 VECINOS AL MES

"Tenemos que buscar una manera de que no se pierda el número de hogares, tenemos que cerrar esa vía si no queremos ver un despoblamiento fuerte en poco tiempo", ha instado García Castaño. Gala Pin, por su parte, ha concretado que Ciutat Vella pierde una media de 103 vecinos al mes, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.

En esto tiene mucho que ver la irrupción de los pisos turísticos ilegales y su influencia en los precios del alquiler, con actores como Airbnb, que están consiguiendo "un gran beneficio económico de la explotación turística de la ciudad sin dar nada a cambio". Y todo enmarcado en "un mercado del alquiler absolutamente desregularizado que acaba generando vulnerabilidad en el derecho a la vivienda".

Pin ha puesto el acento en que plataformas de intermediadores como Airbnb o Homeaway "se atengan a la regulaciones locales de aquellos espacios en los que están operando". "No pedimos nada fuera de lo normal, la gran discusión con Airbnb es que les pedimos que cumpla la ley, es decir, que sólo oferte aquellos apartamentos turísticos con número de licencia y que es tan simple como tener una aplicación informática que obliga a poner un número de licencia para ofrecer un apartamento turístico o si no que nos pase los datos de aquel que está haciendo una oferta ilegal", ha explicado.

Se trata, en definitiva, de "la necesidad de que todos los actores colaboren para garantizar este derecho a la vivienda y evitar que haya pisos que son un bien fundamental y que pasen a un uso de negocio". Ahí resulta crucial el empleo de las diferentes herramientas que se tienen como Administración. "Nos hemos ofrecido a negociar pero también hemos sido muy contundentes a la hora de poner sanciones, que es lo mínimo que tenemos que hacer como Administración", ha expuesto.

La regulación catalana de turismo establece que si hay un intermediario que está facilitando la oferta ilegal tiene que entregar los datos a la Administración pública competente para poder sancionar y retirar esa oferta ilegal. En base a esa ley, el Ayuntamiento de Barcelona hizo un requerimiento a las plataformas reuniéndose con Airbnb, que se negó a facilitarle esa información. Eso llevó a una primera sanción de 60.000 euros y después a una segunda, por reincidentes, que en esta ocasión se eleva a 600.000 euros.

GRAN RECALIFICACIÓN POR LA PUERTA DE ATRÁS

"Al final, detrás de la experiencia como usuario o de la ilusión de la economía colaborativa, lo que se está produciendo es una gran recalificación por la puerta de atrás", ha remachado Jorge García Castaño. El concejal vaticina "el lío" que se montaría si en un momento dado se dijera "con luz y taquígrafos" que en un barrio del centro de Madrid 10.000 viviendas pasan a ser plazas hoteleras.

Sin embargo, esa previsible contestación social se queda en este momento en un "proceso sordo". "Esa ocultación de lo que está sucediendo de pasar hogares a plazas hoteleras está evitando respuesta de las administraciones como una falta de respuesta por la población. Estamos en ese momento de poner el fenómeno a la luz, poner un gran debate público y tomar conclusiones muy rápido porque hablamos de un fenómeno muy rápido", ha argumentado.