La Ley de Transparencia entra en vigor para comunidades y ayuntamientos

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales 2013, pero aquel año, concretamente el 10 de diciembre, sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos.

Para la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos: mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, a las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma a partir del jueves.

A día de hoy, todas las autonomías cuentan ya con su propio portal de transparencia para ofrecer la información a la que están obligados(contratos públicos, retribuciones de altos cargos, subvenciones, etc...). La última en hacerlo fue hace unas semanas la Comunidad de Madrid.

Todos estos portales ofrecen el mismo tipo de información con más o menos facilidades para encontrarla. El de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha puesto muy a la vista el listado de regalos que reciben sus altos cargos y también va a informar de lo que cuestan los viajes que realizan.

Pero además de ofrecer la denominada 'publicidad activa' a través de estos portales, la ley establece que debe haber un órgano que resuelva las reclamaciones que los ciudadanos presentan cuando entienden que una administración no ha cumplido con las obligaciones que marca la legislación sobre transparencia.

MURCIA, CATALUÑA Y CANARIAS YA LOS TIENEN

A nivel estatal este órgano es el Consejo de la Transparencia, que debe tener sus equivalentes autonómicos. Y en el caso de que una comunidad renuncie a crear ese órgano nuevo, la tarea de gestionar las reclamaciones puede delegarse en otra institución autonómica o bien dejarse recaer en el consejo estatal previa firma del convenio correspondiente.

De momento, únicamente tres de las 17 comunidades han creado los equivalentes autonómicos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal: Murcia, Cataluña y Canarias.

Otras cuatro han decidido delegar esta labor en organismos ya existentes. En concreto, la Comunidad de Madrid ha pasado la tarea al Consejo Consultivo, que está en pleno desmantelamiento, mientras que Galicia y Navarra se la han encargado a su correspondiente Defensor del Pueblo, al igual que Castilla y León que, no obstante, creará también un Comisionado de Transparencia.

ANDALUCÍA, ARAGÓN Y COMUNIDAD VALENCIANA ESTÁN EN ELLO

Por su parte, Andalucía, País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana aseguran haber decidido qué organismo se encargará de velar por el cumplimiento de la ley, pero aún no los han activado.

Y las seis comunidades restantes ni siquiera han definido qué organismo se ocupará de garantizar la transparencia y no han aprobado ningún procedimiento al respecto. Se trata de Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Asturias, La Rioja y Cantabria, comunidad esta última que no tiene aprobada ni una sola norma sobre transparencia.

Para evaluar el cumplimiento de la ley, el Consejo de Transparencia va a crear un grupo de trabajo para acordar un sistema de medición único, basado criterios homogéneos, que sirva para analizar cómo se comportan las tres administraciones en todos los territorios.

GALICIA, PIONERA EN LEGISLACIÓN

En cuanto a la existencia de normas autonómicas en materia de transparencia, la más antigua es la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas gallega, que fue aprobada en 2006 bajo el mandato del socialista Emilio Pérez Touriño. En la actualidad el gobierno de Nuñéz Feijoó tiene en proyecto una nueva norma sobre el particular, al igual que el Ejecutivo vasco y el asturiano. El Gobierno del Principado aprobó sendos textos sobre transparencia y buen gobierno en 2014, pero no llegaron a aprobarse.

Castilla-La Mancha, por su parte acaba de aprobar un anteproyecto sobre transparencia y participación ciudadana; Cantabria carece de legislación específica y la Comunidad de Madrid se rige en este ámbito por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2014.

En cuanto a las entidades locales, las quejas o reclamaciones relacionadas en su ámbito de actuación tendrán que ser resueltas, bien por el órgano autonómico del territorio al que pertenezcan, si fuese creado, o bien por el propio Consejo de la Transparencia.

En el Consejo de Transparencia hay, entre otros, representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que han venido colaborando con las entidades locales para ayudarles a cumplir las obligaciones que marca la ley.

Desde la página web del Consejo de Transparencia actualmente se puede acceder a un total de 16 portales de transparencia de otros tantos ayuntamientos de capitales de provincia (el 30% del total), como los de Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Toledo o las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, el organismo estatal facilita enlaces a nueve webs de otras tantas diputaciones provinciales y de dos cabildos insulares.