El PSOE e Izquierda Plural se comprometen a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana

Ante la mirada del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presente en el hemiciclo de la Cámara Baja pero sin intervenir, tanto el PSOE como Izquierda Plural e incluso ERC se han comprometido a buscar acuerdos amplios para derogar la ley en la próxima legislatura, una vez que el PP pierda su actual mayoría. El resto de grupos han anunciado su voto en contra e incluso CiU, el único partido que ha defendido "cosas buenas" del articulado, también ha dicho que en el futuro habrá que cambiarlo "de arriba a abajo".

Uno de los puntos que más críticas ha generado por parte de la oposición es la enmienda introducida en la Ley por el PP mediante la que se regula el rechazo de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla. El diputado del PSOE, Antonio Trevín, ha dicho que es "otro error" y ha instado al Gobierno a que, si quieren cambiar la ley de Extranjería, que lo hagan "de frente" y no por "la puerta de atrás".

Vuelta al Estado policial

Según ha dicho, esta es "una ley innecesaria" que supone "una vuelta al Estado policial" y que va en va "en contra de la Constitución". Ha argumentado que un 82 por ciento de los ciudadanos se opone a este texto, "el mismo porcentaje que se oponía a la intervención de España en la guerra de Irak". "¿Es que no aprenden?", ha preguntado.

En el momento en el que el diputado de IU Ricardo Sixto iba a comenzar su intervención en la tribuna, el resto de miembros de su grupo se han puesto en pie en sus escaños con una tela que les amordazaba la boca en señal de rechazo a la ley. "Estábamos manifestando gráficamente lo que van a imponer al pueblo español", ha explicado Sixto después de que sus compañeros se volviesen a sentar tras ser llamados al orden por el presidente del Congreso, Jesús Posada.

Ya en su discurso, Sixto ha calificado esta Ley como un "despropósito" y ha lamentado que este día es "una jornada infausta". En relación con la devolución de los inmigrantes en la frontera, ha avisado de que si se les echa por la puerta de la valla a Marruecos no es posible saber si son solicitantes de asilo, un procedimiento que va en contra de la Ley y por ello ha pedido a las fuerzas de seguridad que la incumplan si es necesario.

El diputado del PNV, Emilio Olabarria, ha afeado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presente en la cámara, por sus declaraciones en las que ha propuesto enviar a los inmigrantes a los domicilios de quienes se opongan a sus políticas en esta materia. Esa solución contradice la Constitución y las normas internacionales y ha calificado de eufemismo llamar rechazo en frontera las devoluciones en caliente que el Gobierno pretende regularizar.

"Tres aberraciones"

Los nacionalistas vascos consideran que esta Ley "acredita una derrota en materia de extranjería y de inmigración" ya que incluye "tres aberraciones": iguala la seguridad ciudadana con el resto de los derechos fundamentales, incurre en un apoderamiento del espacio público por parte de las fuerzas de seguridad y limita la tutela judicial efectiva ya que lo que quien sea sancionado tendrá que agota la vía administrativa y luego acudir por los tribunales a la vía contencioso administrativo sujeto a tasas judiciales.

Feliu Joan Guillaumes, de CiU, ha anunciado el voto en contra de su grupo a la Ley, aunque ha admitido que "tiene cosas buenas" y se ha referido a la cuestión competencial, las medidas contra el top manta o la prostitución. Aun así ha reprochado que no se avance en otras cuestiones como compartir ficheros policiales.

A su juicio "lo más escandaloso" de esta Ley es la regularización del rechazo de inmigrantes en frontera, un asunto que no estaba en el proyecto de ley, sino que el PP lo introdujo después vía enmienda ahorrándose los informes de los órganos consultivos. "Cuando alguien entra en un Estado soberano que se considera un estado de democrático tiene derecho a pedir asilo e impedirlo es inaceptable. Esto es una razón suficiente para oponerse a la ley y nosotros nunca hemos sido de papeles para todos. En el futuro hay que cambiarla de arriba abajo esta Ley", ha explicado.

Por parte de UPyD, Toni Cantó, ha hecho hincapié en que no se puede regularizar la ilegalización del derecho de asilo y el derecho de reunión. "Hemos sido gobernados bajo una corrupción generalizada son ustedes y no los ciudadanos quienes están bajo sospecha", ha defendido.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha llamado al compromiso de todos los grupos de la oposición para "derogar la ley en cuanto cambie la correlación de fuerzas en el Parlamento" y ha lamentado que por la mayoría absoluta del PP "hoy no será posible frenar esta locura política y ataque endemoniado a las libertades que quedan supeditadas a la arbitrariedad del Ejecutivo".

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha criticado que "es la ley de la mordaza" y "en contra el pueblo vasco, contra la población minera, contra el campo andaluz, contra el 25S o cualquier tipo de marea". Ha reprochado que "es una herramienta más para profundizar en la negación de los derechos otorgando más poder a la Policía". Para el diputado abertzale "el carácter más enfermizo lo representan las devoluciones en caliente a sabiendas que es contraria a ley".

La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos también ha comenzado refiriéndose a esta ley como la "Ley Mordaza" y ha asegurado no tener duda de que el Gobierno ha utilizado la crisis para "poner en vanguardia supuestas necesidades de seguridad contra valores ciertos de libertad". Además, ha recordado que el comisario Europeo de Derechos Humanos de Unión Europea ya ha dicho que las devoluciones en caliente son ilegales.

Con el cané en la boca

El diputado de Compromìs, Joan Baldoví, ha escenificado su rechazo a esta ley llevándose el carné de identidad a la boca: "con el carné en la boca y las manos en alto". A su juicio, es así como el Gobierno quiere al país porque "añoran con fervor la época del silencio de los corderos". "Han conseguido que este país sea uno de los más desiguales de Europa y ahora lo quieren en silencio", ha enfatizado.

Al término de su intervención ha denunciado haber recibido insultos procedentes de la bancada 'popular' y ha acusado a algunos diputados de tener la "lengua muy larga". Por ello ha pedido el respaldo del presidente del Congreso, Jesús Posada, quien ha argumentado no haber escuchado nada.

El BNG, por su parte, ha acusado al Ejecutivo de "institucionalizar la represión para atemorizar a la ciudadanía". Según ha dicho, esta ley lleva a España a "un estado policial para amordarzar todo atisbo de protesta". "No se puede pretender que la gente aguante estoicamente sus despropósitos", ha zanjado Rosana Pérez.

Tras las críticas generalizadas, el portavoz del PP, Conrado Escobar, ha acusado a algunos grupos de no querer votar con el PP porque "tienen miedo a su izquierda" en referencia a Podemos. Antes, ha defendido la ley como una norma que protege a los grupos más vulnerables y ha destacado que la enmienda sobre el rechazo de inmigrantes busca el equilibrio entre las cuestiones humanitarias y la seguridad.