La Ley del Indulto cumple hoy 144 años en medio de la polémica

La Ley que establece las reglas para el ejercicio de la Gracia del indulto data del 18 de junio de 1870 y fue aprobada bajo el breve reinado de Amadeo I de Saboya por el entonces ministro de Justicia Eugenio Montero. Se trata de una breve norma con una treintena de artículos que fue parcialmente modificada en 1988 durante la presidencia de Felipe González.

Tras la sonada prerrogativa otorgada a un conductor 'kamikaze' que fue condenado a 13 años de cárcel por matar a un joven de 25 años, los indultos han vuelto a la actualidad tras conocerse que el Consejo de Ministros del pasado 30 de mayo conmutó la pena de inhabilitación por una de multa a un guardia civil que se burló de un abuso sexual, lo grabó con su teléfono móvil y no hizo nada por impedirlo.

No son pocos los grupos de la oposición que han solicitado actualizar este texto legal durante la presente legislatura, a los que se han unido la voz de asociaciones de juristas, como Jueces para la Democracia o el Sindicato de Secretarios Judiciales, denunciando la concesión a personas vinculadas con el PP.

EL SUPREMO CUESTIONA LA LEY

El propio Tribunal Supremo reconoció que la prerrogativa de indulto supone una "intromisión" del poder ejecutivo en los resultados de un proceso penal, seguido con todas las garantías y en el cual se ha impuesto la pena prevista en la ley. En este sentido, defendió que se trata de una medida "excepcional", según expuso en la sentencia en la que anulaba los efectos administrativos del concedido al banquero Alfredo Sáenz.

El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV, ERC, Compromís-Equo o BNG han reclamado durante esta legislatura al Gobierno abrir un debate sobre esta ley del siglo XIX para dotar de mayor "transparencia" a la figura del indulto.

Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha impedido sacar adelante estas propuestas legislativas al defender que la norma actual no es "opaca, arbitraria o injusta" y se debe huir de iniciativas "oportunistas o de casos concretos en favor del interés general".

El Gobierno de Mariano Rajoy no se plantea reformar la Ley de Indulto, dado que sólo concede en torno a un 7 por ciento de las peticiones que le solicitan, las mismas que se han registrado en los últimos años.

La Constitución española encomienda al Rey el ejercicio del derecho de gracia, aunque le prohíbe autorizar indultos generales ni aplicarlo para perdonar la responsabilidad criminal en la que incurran los miembros del Gobierno. Además, prohíbe a los ciudadanos pedir la modificación de esta materia a través de la iniciativa legislativa popular, amparada con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas.