Junta de Andalucía mantendrá 35 horas presenciales y computará tareas en ámbito doméstico para llegar a 37,5 horas

Montero ha valorado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha estimado el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley 5/2016 de la Junta por el que se regula la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, reduciendo a 35 horas semanales dicha jornada, de forma que el TC ha anulado dicho decreto. La consejera ha expresado su respeto por la decisión judicial aunque no la comparte.

Así, ha anunciado que este lunes planteará este acuerdo a los sindicatos de la Mesa General de Negociación Común, ha recordado que este reconocimiento de la actividad en el ámbito doméstico "es una reclamación histórica de las centrales sindicales".

Asimismo, Montero ha criticado la actitud del Gobierno central y teme que "no se haya llegado a la eliminación de las 35 horas para siempre".

La consejera ha recibido la comunicación por parte del TC respecto al recurso del Gobierno central en materia de jornada laboral, y ha mostrado su respeto por dicha sentencia, aunque no la comparte.

En ese sentido, ha dejado claro que el Gobierno andaluz "no va a modificar la jornada presencial de los empleados públicos", de forma que "las plantillas, los horarios y las personas que se contrataron con motivo de la modificación de la jornada van a permanecer y no se van a ver afectados".

Por ello, ha expresado un mensaje de "tranquilidad y claridad absoluta para todos los empleados", rechazando que haya "incertidumbres" en los nuevos contratados tras la modificación de jornada y la aplicación de las 35 horas, que seguirán "vigentes". "La jornada presencial se va a mantener como está y se van a mantener los contratos efectuados", ha añadido.

La Junta tiene previsto convocar este lunes las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General para abordar un acuerdo que será aprobado en Consejo de Gobierno este martes por el que "se va a incorporar dentro del cómputo de jornada a aquellas tareas y actividades que ya se venían desarrollando por parte de los empleados públicos fuera de su jornada presencial y de su puesto de trabajo".

La consejera no cree que haya ningún problema de cobertura legal con esta medida, recordando que "la organización de la jornada es competencia plena y exclusiva de la Junta", por lo que no espera que el Gobierno recurra esa nueva medida "aunque otra cosa es que el Gobierno de España esté empeñado en confrontar con el Gobierno andaluz". "Eso seria absolutamente incoherente", ha añadido.

Montero ha precisado que esa medida "durará hasta que el Gobierno central regule las 35 horas".

CONSULTA DE VÍDEOS Y PREPARACIÓN DE CLASES O CASOS CLÍNICOS

La consejera ha puesto de ejemplo tareas como "tareas preparatorias de casos clínicos, tareas preparatorias de clases, tareas relativas a profundizar en la nueva Ley de Contratación del Estado, o cuando se descargan vídeos para mejorar su actividad, miran bibliografía, estudian, investigan o preparan el trabajo y organizan la jornada", esto es, "todo aquello necesario, que se desarrolla habitualmente fuera del puesto por el empleado público y que sirve para mejorar la calidad de los servicios". "Queremos que compute como jornada ese esfuerzo personal que no requiere presencia en el puesto de trabajo", ha aseverado.

Montero ha recordado que dicho cómputo "ya se venía desarrollando en el ámbito universitario, pero en otros como sanitario o Administración General, ahí no se había organizado de esa manera". Además, ha explicado que "era una aspiración legítima y una reivindicación de las centrales sindicales que ese tipo de tareas se hiciera con cargo al cómputo de jornada" y ya se venía trabajando con los sindicatos desde hace tiempo "porque el silencio cómplice y vergonzante del PP nos hacía anticipar que se podía producir lo peor".

"Normalmente los trabajadores públicos desarrollan esas tareas en su ámbito doméstico y familiar, desde un celador hasta un investigador de prestigio; y esas tareas y actividades se venían desarrollando y vamos a incorporarlas a efectos del cómputo de jornada", ha añadido la consejera, para la que esto "supone un paso adelante en el reconocimiento del trabajo que desarrollan diariamente en el ámbito doméstico para incorporarlos al cómputo de jornada laboral y completar las 37,5 horas que mandata el TC".

CRÍTICAS AL PP

Montero ha lamentado que "se ha confirmado los temores de que el Gobierno se ha pronunciado en contra del levantamiento de la suspensión cautelar y a favor de que se mantenga la jornada de 37,5 horas".

No obstante, ha exigido al Gobierno central que "en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado regule para todo el Estado las 35 horas y se vuelva a situación precrisis". Montero cree, a pesar de todo, que el Ejecutivo "nunca creyó en las 35 horas y nunca creó en este derecho, conquistado por los empleados públicos en negociación colectiva". "Sería muy grave que el Gobierno aproveche la crisis para no devolver en materia de jornada aquello que los empleados públicos han conseguido con tanto esfuerzo", ha añadido.

Montero espera que el Gobierno "no haya llegado para suprimir y acabar con las 35 horas para siempre; tememos que la jornada de 37,5 horas haya venido para quedarse y que no se contemplen las 35 horas ni en los PGE ni en ninguna norma".

Considera que "hay un grave riesgo de que el Gobierno haya cambiado su posición", toda vez que, según ha recordado, "el Gobierno recurrió el decreto ley de la Junta tras nueve meses de su implantación, una vez que todas las medidas organizativas se habían llevado a cabo; posteriormente Montoro y otros miembros destacados del Gobierno se han mostrado receptivos a negociar con la Junta una solución para las 35 horas, algo de lo que nunca supimos nada, lo que nos hizo sospechar que habían cambiado de posición por algo inexplicable; cambió radicalmente de posición después del verano y ha habido un antes y un después".

De esta forma, ha lamentado que el Gobierno "se ha posicionado en contra del levantamiento de la suspensión cautelar, a pesar de que el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, se comprometieron públicamente con los sindicatos a que iban a mediar y se iba a solucionar el problema de las 35 horas". "Incluso al Gobierno le parecieron razonables las alegaciones que presentó la Junta; nos han querido hacer creer que querían llegar a acuerdo", se ha lamentado.

"O el Gobierno ha mentido y no nos dijo la verdad de lo que iba a hacer, o ha cambiado de posición por algún motivo o el Gobierno ha querido aprovechar las medidas transitorias que se aplicaron durante la crisis para robar un derecho que los empleados públicos de Andalucía habían conseguido; parece que el Gobierno no tiene ningún interés en devolver esa conquista de los trabajadores", se ha lamentado Montero, quien pide explicaciones sobre lo que ha ocurrido.

Tras asegurar que la Junta "ha tenido siempre voluntad de acuerdo y ha descolgado muchas veces el teléfono para hablar con el Gobierno", Montero ha recordado que la sentencia "tiene un voto particular donde el magistrado entiende que la Junta tenía la razón, no hay unanimidad en el pronunciamiento", aunque insiste en que respeta la decisión del TC aunque no la comparta.