Julián Muñoz dice que menos su propia pena de muerte, con Jesús Gil, lo firmaba todo

La Audiencia de Málaga ha comenzado el juicio a Muñoz, tres ex cargos municipales y una letrada vinculada al despacho del abogado José María del Nido, por supuestas irregularidades en encargos del Ayuntamiento para servicios de asesoramiento jurídico por valor de más de 400.000 euros, en una pieza separada del caso 'Minutas', en el que ya fueron condenados el exalcalde y el letrado.

Muñoz ha insistido en su declaración en que Gil le cogió para firmar, "daba igual un acta de defunción que un convenio de 700 millones de pisos", y ha apuntado que en la sociedad municipal que gestionó dichos pagos a los asesores legales era el presidente, pero "nunca ejercí como tal ni controlé la sociedad, era un puesto político, como se dice ahora".

"Sí, el tonto", ha respondido Muñoz cuando la fiscal le ha recordado los distintos puestos municipales que tuvo, reiterando que el que controlaba el Ayuntamiento era Gil, "que parece que nunca ha sido alcalde", aunque "fue al Consistorio sólo el día de la toma de posesión" y "no firmaba ni el carné de identidad", ha manifestado a la Sección Segunda.

"Que yo me he comido el marrón", ha lamentado Muñoz, quien ha dicho que por haber firmado lleva siete años en prisión. "¿Por qué se firmaban las licencias? No lo sé, lo decidía Jesús Gil. ¿Por qué se firmaban los convenios? No lo sé, lo decidía el señor Roca. Pero es fácil encontrar un chivo expiatorio", ha asegurado, apuntando que todos los días le llegaba "un tocho de papeles".

Ha aseverado que "jamás" controló "ni un céntimo" del Ayuntamiento ni fiscalizó ningún documento, además de insistir, como en otros juicios, en que no tenía conocimientos técnicos ni de derecho.

La letrada acusada, por su parte, se ha mostrado arrepentida de su actuación y ha reconocido los hechos, aunque no se ha mostrado conforme con la pena pedida por las acusaciones. Ha asegurado que ella no negoció su contrato con nadie del Ayuntamiento y ha apuntado que recibía indicaciones sobre qué tarea hacer de Del Nido, quien este martes está previsto que declare por videoconferencia.

Ha señalado que ha podido restituir el dinero cobrado, unos 218.000 euros, y ha indicado que los motivos que le han llevado a mostrar su conformidad con los hechos son que "por falta de diligencia" no fue consciente en ese momento de la gravedad de los mismos, pero, en el juicio del caso 'Minutas', sí tomó conciencia "del desvalor de mi conducta".

Los demás acusados, que son Modesto Perodia, condenado también por el caso 'Minutas' y que era secretario de la sociedad municipal a través de la que se hacían los pagos; y los exediles de Hacienda Alberto García y Antonio Luque, han coincidido con Muñoz en destacar el control que tenía Gil en todo, incluido los pagos, ya que era "un controlador nato", ha dicho el primero.

"Parece que nadie lo quiere creer, pero Jesús Gil controlaba todos los pagos", ha declarado Perodia, mientras que el exedil Alberto García ha asegurado que "jamás hubiera firmado ni ordenado un pago con el reparo del interventor", apuntando, igual que el otro exconcejal, que no era su función ejercer ese control económico.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga continuará este martes el juicio por estas supuestas irregularidades, que fueron detectadas en uno de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales, desde donde se hacían los pagos de los servicios de asesoramiento.

ACUSACIÓN

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción precisa que todos los informes de fiscalización sobre el Ayuntamiento aludían a "la insuficiencia de los controles económicos y financieros", lo que "facilitó" que la gestión municipal se trasladara a la sociedades municipales y se "eludieran los requisitos legales" para el uso de fondos públicos.

Esa "deficiencia de control" se acentuaba con que, dice el ministerio fiscal, no se realizaron programas de actuación ni financiación de las sociedades, el Ayuntamiento "no exigía justificación del empleo dado a las transferencias" para servicios u operaciones y en las órdenes de pago "no se incluía documentación alguna justificativa de su destino".

Según la acusación, en relación con el pago de las minutas desde dicha sociedad "no existió control previo desde la Intervención municipal", sino posterior. "Durante este periodo, por expresa voluntad de los alcaldes Jesús Gil y Julián Muñoz y con el apoyo de los respectivos concejales de Hacienda --dos acusados en la causa--, el pleno no tuvo información ni ejerció control alguno", se indica.

En la sociedad Control de Servicios Locales, Muñoz era presidente y otros dos acusados eran miembros del consejo de administración, y estos, dice el fiscal, "lejos de advertir las evidentes contravenciones de la normativa legal aplicable, consintieron y colaboraron conscientemente en el mantenimiento de esa anómala situación que causó el quebranto de fondos públicos".

En marzo de 2000, la sociedad amplió su objeto social a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a otras mercantiles y al Ayuntamiento, para lo que la letrada colaboradora del despacho de Del Nido, acusada en esta causa, "firmó fraudulentamente un contrato de arrendamiento de servicios profesionales, como facilitador de los pagos que recibiría mensualmente".

Y esto, dice Anticorrupción, "con conocimiento del alcalde y del delegado municipal de Hacienda", que fueron dos distintos, según el periodo de tiempo, y que eran los que dictaban los correspondientes decretos; "pero a espaldas del control previo y efectivo de la Intervención". Se trataba de asesoramiento jurídico, relacionado sobre todo con la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, "no consta que la letrada realizara trabajo de asesoría jurídica alguno para la sociedad municipal durante la vigencia de dicho contrato ni con anterioridad", sino que colaboró junto a Del Nido en relación con la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, representando "intereses contrapuestos".

En este caso, se emitieron facturas estandarizadas desde 2000 a 2003 por una cantidad total de 218.695 euros. Pero, según señala la acusación pública en su escrito provisional, se realizaron otras contrataciones de la misma forma, en concreto de un bufete de abogados cuyo responsable ha fallecido, al igual que un economista también contratado, haciendo una cuantía de más de 420.000 euros.

Así, se acusa a Muñoz, a los ex cargos municipales y a la letrada por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, añadiendo en el caso de la abogada el delito de falsedad en documento mercantil. Se solicita ocho años de prisión para los exresponsables municipales y nueve para la acusada.