Wert acuerda con las CC.AA revisar la financiación de la reforma educativa

Así lo ha indicado el ministro en la rueda de prensa posterior a la última reunión monográfica con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas para analizar el proyecto normativo, que este jueves ha tenido como objetivo la discusión sobre la memoria económica. "Este grupo de trabajo reportará a la Conferencia Sectorial su análisis y ésta hará partícipe al Comité de Evaluación Permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera las reglas nuevas del cálculo de costes del sistema educativo", ha explicado.

El trabajo de esta comisión mixta no impedirá el desarrollo de la LOMCE, que acaba este jueves su periodo prelegislativo previo al envío del texto al Consejo de Estado, que será el ultimo trámite antes de la aprobación por el Consejo de Ministros. Posteriormente, el proyecto de ley pasará al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria.

Wert ha celebrado que el anteproyecto normativo ha salido adelante con el apoyo de doce comunidades autónomas -las gobernadas por el PP--, que, según ha dicho, se han manifestado "en sentido favorable" a su memoria económica, y ha reconocido que otras cinco -Andalucía, Canarias, País Vasco, Asturias y Cataluña-- se han mostrado contrarias al sistema de financiación "por el mismo tipo de desacuerdo ideológico" al contenido del texto.

Financiación compatible con la austeridad fiscal

El ministro ha aclarado que la financiación de la reforma es compatible con las medidas de austeridad a las que tienen que someterse las comunidades autónomas fijadas hasta 2015, pues, según ha explicado, la entrada en vigor de la ley es "escalonada" y los efectos económicos de "cierta significación", en "ningún caso se producirían hasta 2016". "Las previsiones de financiación son perfectamente compatibles con el curso de consolidación fiscal aprobado por España y enviado a la Unión Europea", ha aseverado.

De acuerdo con la memoria, el ministro ha explicado que la reforma va a suponer unos costes directos, que asume el Estado, y que alcanzan los 408 millones de euros --23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero--. A partir de ahí, ha indicado que las comunidades asumirán los costes de consolidación, que dependerán del "éxito" de la reforma, es decir, de la reducción del abandono escolar temprano como consecuencia del trasvase de un mayor número de alumnos a la Formación Profesional.

Asimismo, ha indicado que los costes de implantación de la ley -los 408 millones-- dependen de la implantación de la nueva FP Básica, que supone un "sobrecoste" sobre los Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), porque consta de dos años obligatorios, la anticipación de itinerarios desde 3º de ESO y la transformación de 4º de ESO en dos vías hacia la FP o el Bachillerato. También se ha tenido en cuenta para el cálculo de los costes directos la dispersión del alumnado en algunas comunidades autónomas.