Las convocatorias violentas en Internet serán delito de integración criminal

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado en el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general. El ministro ha anunciado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.

"Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", ha explicado el Ministerio a Europa Press debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.

"También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", ha añadido.

Resistencia pasiva, atentado contra la autoridad

Antes, Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".

Según ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.