La Audiencia Nacional no ve justificación en los "pingües" beneficios de Jordi Pujol hijo

El tribunal confirma en esta resolución la imputación del presidente de Isolux Corsán, Luis Delso, en la causa en la que se investiga si Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, cobraron comisiones ilegales durante años a cambio de mediar en la adjudicación de contratos públicos.

Los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Carmen Lamela y Clara Bayarri (ponente), rechazan un recurso de Delso y consideran "prematura" la petición de sobreseimiento de la causa formulada por su defensa, al considerar que en este punto de la instrucción los indicios que existen contra el directivo están "suficientemente concretados".

14 millones de beneficio

Pujol Ferrusola obtuvo entre los años 2006 y 2008 "un provecho neto" de casi 14 millones de euros que Isolux Corsán le ofreció por participar en el negocio inmobiliario Proyecto Azul de Cortés en México, en el que su entrada, según el juez De la Mata, no tenía ninguna "justificación racional comercial". Además, el magistrado sospecha de los servicios de asesoría que supuestamente habría prestado a la empresa en otros proyectos en México y Gabón.

En relación con estas actuaciones el tribunal aplica la denominada "doctrina de los actos neutrales o acciones cotidianas", al valorar que, aunque la participación de Delso en estas operaciones pudieran no revestir "a priori" elementos "claros de irregularidad delictiva", las mismas podrían tener "relevancia penal" si se adaptaron al "plan delictivo del autor" o contribuyeron a sus fines.

Delso está imputado en este procedimiento por blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil por las operaciones que realizó con las empresas de hijo mayor del 'expresident'.

En concreto, la empresa Iniciatives Marketing e Inversión, propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa, se incorporó en 2006 al Proyecto Azul de Cortés, que se desarrolló en la Baja California Sur mexicana, abonando 1,3 millones de dólares a la sociedad Juandro Consultores, que adquirió los terrenos en los que se iba a desarrollar el negocio, a cambio de un 21,5 por ciento de sus participaciones. En 2008 vendió sus derechos en la operación por 15,2 millones de euros, obteniendo un beneficio próximo a los 14 millones de euros.

De la Mata sospecha que tanto Delso como Pujol Ferrusola, entre los que existía "una relación de afinidad personal", pudieron "concertarse" para introducir al hijo del exjefe del Gobierno catalán en el negocio "con el objetivo de que después le compraran su parte con inmensas plusvalías".

Facturas falsas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también sospecha que Pujol Ferrusola cobró en 2007 a esta misma constructora tres facturas "supuestamente falsas" por valor de 1,2 millones de euros por conseguir que la empresa se hiciera con la adjudicación del proyecto de construcción de la autopista Saltillo-Monterrey, con un coste total de 190 millones de euros. No obstante, el hijo del 'expresident' y su esposa firmaron en 2007 un contrato con el grupo por la cuantía recibida.

El tercer negocio investigado, consistió en la participación de una empresa llamada Ibadesa Cat, vinculada a Pujol Ferrusola, que supuestamente habría asesorado a Isolux Corsán desde el año 2000 en el proyecto de ampliación de la línea de distribución eléctrica de Gabón.

A pesar de que ambas sociedades firmaron un contrato, las empresas de Pujol Ferrusola cobraron cuatro facturas por valor de 652.394,83 euros entre los años 2010 y 2012 sin que conste, según el juez, "la realización de consultoría alguna" por su parte.

"Daño reputacional"

Delso, que declaró como imputado ante el juez Pablo Ruz el pasado 12 de noviembre de 2014, alegó en el escrito en el que pedía el archivo de la causa que su imputación le provocaba un "daño reputacional" y que él personalmente únicamente participó en el proyecto Azul de Cortés.

En la causa, abierta tras una denuncia presentada por María Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola, se investigan las transacciones de hasta 8,5 millones de euros que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña" realizaron a cinco sociedades del primogénito y su esposa. Según la UDEF, constituirían "millonarias comisiones no justificadas".