Javier Fernández pide una financiación autonómica solidaria y rechaza un concierto entre el Gobierno y Cataluña

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reclamado este martes una financiación autonómica que sea solidaria, rechazando el "apaño económico" que supondría extender el modelo de concierto para Cataluña.

Durante un desayuno informativo, el regidor autonómico ha mostrado su preocupación por que el cambio en el modelo de financiación para Cataluña "forme parte de las ofertas de solución al conflicto catalán". "Sería ingenuo si no lo considerase", ha señalado.

De este modo ha justificado sus repetidas alusiones al conflicto catalán, por el que algunos partidos le han reprochado que "hable poco de Asturias y mucho de Cataluña. "Vuelvo a aclararlo: hablo del Principado y sus recursos, del dinero del que dispondremos para hospitales, escuelas y servicios sociales", ha puntualizado.

En este sentido ha mostrado su "negativa rotunda" a la extensión del modelo de concierto y a un acuerdo bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España sobre las condiciones de financiación de Cataluña. "Por ese camino, el régimen común sólo sería el pequeño régimen de las comunidades sin privilegios", ha lamentado.

En su lugar ha abogado por la solidaridad entre comunidades y por la armonización tributaria dentro de una horquilla común para todo el Estado.

Sin embargo, ha aludido a la "piedra de toque" que supone el nacionalismo, como la existencia objetiva de fuerzas políticas y sociales que reclaman un trato distinto y "más provechoso" entre sus comunidades y el Gobierno central. "Ahora mismo la Constitución reconoce la singularidad foral; si ese régimen se extiende, habrá, sin remedio, grandes ganadores y grandes perdedores netos", ha advertido.

En este contexto, ha afirmado que no acepta "en modo alguno" que Asturias pueda formar parte del "pelotón de perdedores".

Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que todavía no ha sido puesto en marcha, ha lamentado que la inestabilidad política derivada de las sucesivas elecciones generales en España y la crisis catalana hayan retrasado su aprobación hasta 2018.