Matas entrará en prisión sin alegar motivos médicos

Asimismo, Matas está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo planteado en marzo para evitar la cárcel debido a que su condena no supera los dos años.

Según ha explicado su abogada Pilar García Pavón, aún no han recibido ningún requerimiento de la Audiencia Provincial de Madrid por lo que ha calculado que si la petición se ha realizado vía correo ordinario desde la Audiencia Provincial de Palma, pueden tardar "unos diez o doce días" en recibir el requerimiento de entrada en la cárcel.

Pavón ha explicado que Matas también está pendiente de la resolución de un segundo indulto en el que se pide la sustitución de la pena de nueve meses por una multa o por la realización de trabajos en beneficio a la comunidad.

Así, Pavón ha señalado que una vez reciban la notificación judicial, Matas entrará en la cárcel dentro del plazo estipulado y a la espera de que se resuelva el recurso de amparo, ya que, según ha dicho, Matas "siempre ha estado a disposición del tribunal" pero se tienen que agotar "todas las vías judiciales".

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Baleares concedió el pasado viernes 18 un plazo de cinco días para que Matas ingrese en prisión de forma voluntaria durante ese periodo de tiempo. Este plazo comenzará a contar desde el momento en que el requerimiento de entrada en la cárcel le sea notificado personalmente.

Para cursar este trámite, la Sección Primera ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid, vía exhorto, que sea este órgano el que requiera a Matas su entrada en la cárcel en el plazo ya fijado. El exalto cargo del PP, para quien el pasado 11 de julio el Gobierno denegó el indulto que había solicitado, tiene fijada su residencia en la capital madrileña.

De esta forma, el acusado comenzaría a cumplir los nueve meses a los que el Tribunal Supremo (TS) rebajó la condena de seis años de cárcel que le impuso la Audiencia en el primer juicio del caso Palma Arena por un delito de tráfico de influencias, a raíz de los pagos irregulares con fondos públicos que le fueron abonados al periodista que redactaba sus discursos, Antonio Alemany.