La JEC anima al Congreso a diseñar un sistema de voto telemático para los electores del extranjero

El presidente de la Junta Electoral Central (JEC), el magistrado Carlos Granados, ha animado este miércoles al Congreso a diseñar un sistema de voto telemático para los electores residentes en el extranjero que acabe con los problemas de participación que viene generando la obligación de pedir el voto con antelación, conocido como 'voto rogado', que se implantó en 2011.

En un informe de finales de 2016, la JEC abrió la puerta por primera vez a la idea de introducir en España el voto electrónico, pero, eso sí, reformando la ley electoral y sólo como medida "excepcional" y "alternativa" a las vías convencionales del voto por correo o presencial en consulados, que, según apuntaba, deberían mantenerse a disposición del elector aunque "mejoradas".

Este miércoles, en la primera jornada de comparecencias ante la Comisión Constitucional del Congreso para estudiar propuestas para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), Granados ha insistido en la vía del voto telemático para los electores que se encuentran en el extranjero, bien por estar censados en otros países (voto CERA) o bien por hallarse temporalmente fuera de España (ERTA).

Y es que, según ha explicado, de los 1,94 millones de electores españoles residentes en el extranjero en las elecciones generales de junio de 2016, las últimas celebradas, sólo pidió ejercer el derecho al voto un 8% y sólo un 6% pudo finalmente hacer llegar su voto.

ES LA SOLUCIÓN MENOS COSTOSA

Según Granados, que fue fiscal general del Estado en los ochenta, introducir un sistema de voto telemático sería "la solución menos costosa" para resolver los problemas de participación y cree que ya hay "avances tecnológicos" que permiten asegurar la identidad del votante.

El presidente de la JEC ha puesto como ejemplo la presentación electrónica de la declaración de IRPF, que en su opinión ofrece "caminos que pueden recorrerse con seguridad". Según ha explicado, en el derecho comparado hay modelos "para todos los gustos" e incluso distintas legislaciones a lo largo del tiempo en un mismo país.

"Queda todavía bastante por recorrer --ha resumido--. Somos conscientes de las dificultades que entraña, pero también de las ventajas que supone, porque el sistema actual no vale".

En todo caso, ha reconocido que este asunto exige "un amplio debate público", que se necesita prudencia y consenso político, y ha insistido en que siempre debería plantearse como "remedio excepcional", limitado a los electores censados en el extranjero (CERA) y los que se hallan fuera temporalmente (ERTA), y siempre como "alternativa" adicional, no como sustitutivo, del voto presencial tradicional, que siempre será más garantista.

Tampoco le preocupa que se mantenga o no el voto rogado pues considera que el problema no es la obligación de solicitar el ejercicio del sufragio, un trámite que se puede agilizar aprovechando las nuevas tecnologías, sino que la clave es facilitar que se vote y evitar que los sobres y papeletas se pierdan por el camino en las oficinas consulares. "Hay que buscar fórmulas para que el voto no se desplace tanto", ha comentado.

COLEGIOS ELECTORALES SIN BARRERAS

Por otro lado, Granados también ha defendido la apuesta por colegios electorales 'sin barreras' para garantizar el acceso de personas con discapacidad y la utilización de papeletas en braille para electores invidentes, aunque tenga un coste elevado.

Por último, ha pedido que se libere a las juntas electorales del control de la financiación electoral de los partidos, una labor que tiene asignada por ley ya que el Tribunal de Cuentas entra en juego a partir de que se cumplen 100 días desde la proclamación de resultados. Según ha dicho, las juntas carecen de personal y medios para ejercer esa tarea y en la práctica se limitan a verificar los nombramientos de administradores electorales de las candidaturas.

A su juicio, debería habilitarse al Tribunal de Cuentas para empezar antes a revisar la contabilidad electoral de las formaciones políticas: "Es imposible que las juntas electorales puedan llevar a cabo un control sistemático y riguroso, es inviable --ha advertido--. Deberían encargarse al Tribunal de Cuentas todas esas funciones, incluyendo la capacidad sancionadora".